Cuando parecía que todo estaba listo para empezar una nueva etapa en materia de medicamentos en la Argentina, con una ley nacional acorde a las necesidades de la situación actual, el Senado decidió postergar una semana el tratamiento de la norma que prohíbe la venta fuera de farmacias. Con el apoyo de todos los bloques, se postergó siete días una decisión que desde este espacio venimos reclamando incansablemente. Se decidió posponer algo que, mafia de los medicamentos de por medio, se hace impostergable, a la luz de hechos que no hacen más que confirmar lo que venimos diciendo: la venta ilegal es un asesino serial implacable, que cada día cobra más víctimas. Las presiones y los desaciertos en la cámara alta llaman a la reflexión, para entender cuál es el nudo de una disputa que desnuda lo peor de nosotros en cuanto a leyes se refiere.
En primer lugar, habrá que reflexionar sobre esta tendencia que tenemos como argentinos de creer que la norma es una sugerencia, un manual acondicionado a la voluntad del usuario, que decide por caso respetarla o no. En términos futboleros, es ese agarrón que en nuestra área es “un roce normal de partido” y en el área de enfrente “un penal grande como una casa”. Una costumbre que ninguna ley nos podrá sacar.
(tan sugestible es la cuestión de las leyes en nuestro país, que sobre la ley nacional de medicamentos se dio una cosa muy curiosa: varios medios la dieron por aprobada sin que fuera tratada en el Senado. Desde Página 12 que aseguró su supuesta aprobación hasta el diario de La Plata El Día que incluso hizo una larga editorial sobre su aplicación y su necesidad, muchos se dejaron llevar por los rumores, sin comprobar lo que había pasado en el recinto. Lo que habla que las leyes no tienen que ver con su aplicación sino más bien con “el estado de ánimo” que generan en la sociedad.)
Frente a la formulación de una ley, lo que queremos y esperamos es que sea una ayuda a la sociedad, en este caso para combatir uno de los flagelos más grande que vive el país: la proliferación del medicamento ilegítimo y mortal. Si hoy los políticos de la Argentina, por presiones de los laboratorios productores de especialidades OTC o de venta libre, que quieren tener más canales de comercialización además de las farmacias, dicen estar de acuerdo con la nueva ley, pero dejan abierta la posibilidad de que se filtre la “excepción”. En este caso, que algunos medicamentos estén fuera de la farmacia, como los antiespasmódicos, las sales digestivas (Uvasal y otras marcas comerciales) y los anti-inflamatorios. Una muestra de la doble moral a la que tristemente nos vamos acostumbrando, que invita a un despegue a la normalidad pero dejando una ventanilla abierta. Un dilema central y reiterativo: Fundar lo nuevo sobre lo viejo, dejando el peor precedente sin terminar con las raíces de lo que más nos retrasa como sociedad.
El problema que esa “ventana abierta” puede despresurizar todo el avión, con la consiguiente tragedia. Esa es la imagen de la discusión que se da hoy, entre el poder político y el sector farmacéutico. Incluso entendiendo que no hay mala intención o cohecho, sino que lo que hay es años de malas costumbres. Porque si todos los argentinos por comodidad o tendencia de consumo vamos a comprar medicamentos a los kioscos, o a los valijeros del tren de Constitución; algunos legisladores pueden preguntarse porque vamos a legislar ese “derecho”. Parecería hasta antipopular, jugar en contra de esta “normalidad”, prohibir los remedios en kioscos. Lo que sucede es que de una buena vez debería haber una nueva clase dirigente, política, que entienda cómo separar “la paja del trigo”. Lo que es “vox populi-vox dei” no siempre es correcto, no es verdad, no siempre “un millón de moscas no se equivocan”. Se equivocan, como lo hacen los pueblos, que muchas veces eligen con su voz o con su voto a sus propios verdugos.
Según el proverbio medieval, “vox populi-vox dei” significa “la voz del pueblo es la voz de Dios”, y se utiliza generalmente para justificar las verdades que la gente va asumiendo como propias y que nadie discute. Desde sus orígenes, se aplica para asegurar que a través del pueblo se expresa una opinión verdadera, sólo porque la mayoría así la cree.
Las verdades casi siempre, en el sentido ontológico, se derrumban, son ajustables únicamente a su tiempo. Por eso, lo que buscamos en esta clase dirigente es que vea más allá de la coyuntura, de la popularidad de una medida, en este caso la prohibición de vender medicamentos en kioscos y otros establecimientos no habilitados. Porque sabemos que los legisladores compran medicamentos fuera de las farmacias (la pregunta es valida: cuántos familiares de quienes toman decisiones en la Republica Argentina se murieron por tomar fármacos falsificados de la línea venta libre (OTC) o de cualquier otra especie. No lo sabemos). Pero sabemos, o por lo menos eso dejan ver en algunas de sus declaraciones, que saben, que está mal.
Si una ley se modifica y se aprueba por presiones de las multinacionales del caso, mal conceptualizada, alguien tiene que preguntarse de una buena vez cuándo aparecerá esa clase dirigente que se pare frente a las presiones o al mentado vox populi y lo enfrente. Y cuando hablamos de clase política hablamos de diputados, senadores, funcionarios de todo orden, etc. También hablamos de la Superintendencia de Servicios de Salud, que tiene la obligación legal de controlar el respeto a los contratos de la seguridad social y con ella la calidad de los medicamentos, pero es la primera incumplidora en la Argentina, porque no se respeta ni el Programa Médico Obligatorio (PMO), ni el PMO de Emergencia (PMOE), ni los canales de compras de medicamentos de cualquier tipo, etc. Los casos están a la vista, la falsificación de productos oncológicos, que dio lugar a la doliente “mafia de los medicamentos”, no nos dejan mentir. Si la primera entidad constituida por ley, puesta por el Poder Ejecutivo Nacional, no respeta los convenios que ella misma hace firmar, que queda para los demás, para el ciudadano común. La excelencia, aseguran, va de arriba hacia abajo. Y no hay campaña de salud que no comience con una gran campaña de educación.
Nosotros nos preguntamos cómo se puede educar al prójimo, si los propios legisladores, representantes del pueblo soberano, dejan como mensaje que se puede hacer las cosas bien, dejando alguna ventana abierta al vacío para el descuido a remediar en otro momento. Que la doble moral no es una aberrante forma de cinismo sino un oportunismo político permitido por el propio Estado. Cuándo vamos a considerar que una cuestión “normalizada” por la propia sociedad puede estar mal, y que enfrentarla –pese a los costos que se paguen –es la obligación de quienes detentan responsabilidades de conducción, en todo orden, tanto político como gremial.
Porque, para decirlo claro, “vox populi-vox dei” no es una verdad establecida. No lo decimos nosotros, no es una novedad. Ya lo decía en el año 700 Alcuino de York, asesor y hombre de confianza de Carlomagno: “Y no se debería oír a los que dicen ‘la voz del pueblo es la voz de Dios’, porque la muchedumbre violenta suele estar más próxima en sus opiniones a la locura que a la verdad”. Esa locura que hace arriesgar la salud de tu familia por una costumbre que otros impusieron.
Néstor Caprov
