Escandalizados, los medios vienen dando espacio y cobertura a la ya famosa “mafia de los medicamentos”, un negocio millonario que amenaza la salud de la Argentina y que pese a su intrincada presencia en una enorme porción del sistema sanitario nacional hoy sale a la luz, por lo menos en lo mediático. Pero nadie, en especial aquellos que tienen responsabilidades gubernamentales, puede negar que el sistema es funcional a la mafia.
Veamos los argumentos de esta definición. Primero, porque no se cumplen las leyes. No sólo porque hay zonas grises en la legislación, sino porque además no hay gente que las haga cumplir. Es decir, el propio Estado no hace cumplir las normas. Así, se comporta como “participe necesario” de estas mafias, ya que la mitad de las leyes que se promulgan no se cumplen, y la otra mitad o se contradicen o se superponen, por lo que es difícil –cuando no imposible –su aplicación. Para este cumplimiento, para peor, ponen estructuras mínimas que no pueden llevar a cabo con su cometido. Crean un sistema de control para que no pueda controlar. La esencia del gatopardismo. Cambiar todo, para no cambiar nada.
Por su parte, las instituciones, respetablemente, se justifican así mismas; cuando dicen que el medicamento no debe salir del círculo Industria-Droguería-Farmacia. Todo lo que corre por esta gran carretera de producción, distribución y dispensa es estrictamente seguro, todo lo que está a fuera es turbio, marchito, “trucho” y puede estar adulterado. Tiene una fuerte sospecha de mal habido. Eso lo sabemos todos, incluso la gente. Porque cuando compra medicamentos en los kioscos, o cuando recibe productos de su obra social en su casa por un motoquero, sabe que está poniendo en juego su propia salud en manos del quiosquero o del motomensaje.
No es legal en nuestro país que un mensajero de cualquier laboratorio, el conductor de una moto, un quiosquero o el empleado de cualquier lugar que no sea una farmacia sea el garante de la calidad de un medicamento. La sociedad lo sabe, no obstante reproduce el círculo vicioso, por comodidad o falta de educación, con ese espíritu autodestructivo que anida en cada ser humano.
Esto esta claro. Ahora bien, también como sociedad nosotros creamos un Estado, una estructura de poder, a la que confiamos algunos elementos indispensables para el sostenimiento de una sociedad moderna: salud, seguridad, educación. Que el ministro de Salud bonaerense Claudio Zin reconozca a tanto de haber asumido su función que “es muy probable que el 10 por ciento de los medicamentos sea falsificado” (Diario Clarín, miércoles 9 de septiembre) la pregunta se cae de madura: ¿qué está haciendo para combatir ese monstruo el señor Ministro? Si uno incluso concede que reconocer un problema es el primer paso para solucionarlo, lo que se ve es que salvo decirlo, no se hizo más nada. No se tomó ninguna medida para solucionarlo.
Lo que no se hizo por la salud, sí se hizo por la enfermedad. Se dotó de una estructura miserable a los organismos de control, que pasaron de una Secretaria o una Subsecretaria a un despacho cualquiera. Ahí, un par de empleados, rodeados de legajos y papeles desordenados –una imagen digna del claustrofóbico de El Proceso de Franz Kafka –configuran la estructura de contralor para toda la provincia, la más importante del país. No obstante, a esa estructura miserable –la insistencia en la palabra es parte de la gravedad de la situación –se le bajan órdenes de hacer controles, los pocos que puede, dentro de las farmacias. Detectando los problemas sobre la comercialización de medicamentos dentro del canal legal, cuando nos cansamos las instituciones de decir, de buena fe, que el problema está en la calle. No en la farmacia, sino fuera de ella. Sin embargo, las oficinas de control, por ordenes ministeriales, salen a “cazar” problemas dentro de las farmacias, al mejor estilo de Santiago Montoya al frente del ARBA y su “pesca de pecera” (ver editorial “Abuso deshonesto en la pecera”, del miércoles 22 de abril de 2009). .
Sabemos que en esas inspecciones se puede encontrar a una que otra farmacia que este “en la joda”, para usar un término tribunero pero justo. Pero el verdadero flagelo, ese que mata 20 mil personas por año –no dicho por nosotros, sino por entidades como la Universidad de Buenos Aires y las guardias hospitalarias –esta en la calle. Por estas páginas pasaron ejemplos sobrados, crónicas de la venta ilegal en La Salada o la feria de San Francisco Solano (ver “Crónicas marginales“ del viernes 31 de julio). En los diarios se ven como las obras sociales le compran a la mafia, o como muere gente por unas sales de hierro truchas compradas en una droguería ilegal. No obstante esto, los inspectores que intervienen en el contralor de la política de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires siguen controlando dentro de las farmacias. Si no estuvieran en juego la vida de miles de personas – en este caso pacientes terminales o con esperanza de no serlo- sería, todo esto, un mal chiste.
La guerra sin cuartel contra esta dramática situación es la guerra contra el medicamentos mal habido que circula por el canal ilegal. Si alguna vez podemos poner todos los fármacos en esa cadena que es Industria-Droguería-Farmacia estaremos salvando vidas. Y ahí si, que los controles se centren en la farmacia, donde estaría todo el flujo de la dispensa. Pero no ahora, donde una mínima parte pasa por este canal. Hoy, medicamentos de 500 pesos para arriba no se comercializan masivamente más en farmacias. Hay intermediarios, dealers, droguerías fantasmas, una industria del troquel falso. Un iceberg gigante donde la punta visible: es el comercio legal y todo lo que está bajo el agua, es parte de este mercado negro que esta mafia ahora difundida es una de sus partes.
En este panorama, el ministro que dice muy suelto de cuerpo que uno de cada 10 medicamentos es falso, lo que implica es hacer también, participe necesario, a todos los miembros de la cadena legal, sobretodo a la industria del medicamento. Dicho así, el ministro querrá decirnos que la misma industria es funcional a esa venta clandestina? El Dr. Zin debería aclarar qué quiso decir –y que hizo –con este tema. Sobre todo cuando el encargado de controlar en el seno de la estructura oficial (Alberto Costa, ex subsecretario de Control Sanitario de la Provincia, virtual viceministro de Salud) es despedido y sospechado por su vinculación con la mafia. No juzgaremos la conducta del ex funcionario, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ni contribuiremos a su fusilamiento mediático (tan de moda en estos días). Lo que advertimos es que este Estado sigue siendo funcional a estos desmadres. Si nuestras instituciones gremiales no se ponen a la cabeza para denunciar que la verdadera batalla está en la calle, también serían funcionales a esta mafia.
¿Qué hacemos los farmacéuticos en este panorama? Primero, machacar en caliente que esto debe ser de esta manera y no de otra. Además, recordar que la farmacia argentina sigue constituyendo “el refugio” de los medicamentos, donde uno se encuentra con la seguridad de un producto testeado y controlado por las tres instancias de la cadena, con un farmacéutico a la cabeza de cada control técnico.
Hay que decirlo con todas las letras: el sistema retroalimenta a las mafias. Y para ir contra las mafias necesariamente hay que revisar qué nos pasa cuando formulamos un control. Creemos que no es cierto lo que dice el ministro Zin. En todo caso, el 10 por ciento de los medicamentos que circulan por fuera de la farmacias serán truchos. Eso es un problema del propio ministro, que en vez de crear mecanismos para llevar todo el los medicamentos (especiales o convencionales) a las farmacias, como hace el PAMI o el IOMA, desarticula sus propias herramientas de control. Después discutiremos, en otro espacio, el precio que debería cobrar dignamente el farmacéutico por cuidar la salud de la gente dando este tipo de servicio bajo el sistema de las obras sociales públicas.
No creemos que las cifras dadas por el Dr. Zin sean ciertas. Si la industria, las droguerías -esas que tiene años de trabajo a la vista de todos, con sus correspondientes habilitaciones -y la farmacias (verdaderas postas sanitarias de atención integral) existen, hay que aprovecharlas. Y para eso hay que desarmar estas “comadrejas” que están dentro del propio sistema. Las mentiras tienen patas cortas. Más cortas y con menos vida que este show mediático, “para la tribuna”. Echar a un funcionario por sus supuestas implicaciones con el escándalo sirve si después, de forma inmediata, se cambia estructuralmente los controles. Apoyándose en la cadena de trazabilidad tantas veces elogiada y sin embargo dormida en algún cajón de nuestro Congreso Nacional para que nunca le podamos seguir la pista a todos los medicamentos que se comercializan en La Argentina. Si no cambiamos ya mismo, vamos a reproducir una y otra vez el mismo error, negando -sin que nadie ya lo crea- las bondades de un sistema hecho para la joda”; y estaremos como al comienzo. Negando una vez más la realidad. Incluso, poniéndola del lado de enfrente.
Néstor Caprov
