A muchos sorprendió, y hasta escandalizó, una nota publicada por el diario Crítica de la Argentina donde se afirmaba, sin medias tintas, de “Dos resoluciones a favor de la mafia de los remedios” (edición impresa del el sábado 19 de septiembre), y le apuntaba directamente a la polémica Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si. El organismo estatal, encargado de regular los fondos (millonarios) de las obras sociales sindicales, favoreció estas mafias que ingresaron al mercado miles de medicamentos adulterados. Hace unas semanas, en este mismo espacio de MIRADA PROFESIONAL, denunciamos exactamente esto. También sin medias tintas. Pero ahora analicemos un poco más con detenimiento aquellas críticas.
Es bueno recordar que la Superintendencia nace para regular el cumplimiento por parte de las obras sociales del denominado Programa Médico Obligatorio (PMO), una serie de prestaciones de cumplimiento ineludible hacia los afiliados. Básicamente, la SSS asiste a las obras sociales gremiales cuando deben cubrir intervenciones o coberturas no convencionales, tratamientos especiales y/ o de alta complejidad. La idea es que la obra social no quede desfinanciada por las obligaciones que tiene frente al programa. Para esto, retiene un porcentaje de los aportes que los afiliados hacen a cada obra social sindical, para que una vez ingresados estos montos a la SSS, se vayan distribuyendo de acuerdo a las necesidades del sector sanitario que atiende a los trabajadores.
En materia de medicamentos, la Superintendencia garantiza y debería supervisar una especie de correlato del PMO: es decir, un listado de cobertura que va de fármacos especiales a aquellos destinados a pacientes crónicos, terminales o de alta complejidad, que entrega con descuentos que según el caso van desde el 70 al 100 por ciento de cobertura. Para garantizar este beneficio en el tiempo, se crea -entre otras cosas- este organismo estatal, que además de todo lo anterior, debe controlar el funcionamiento de los convenios de prestación de salud de las obras sociales y velar por el bien común de los trabajadores que integran el universo de cobertura. Esta es la justificación casi teórica de la existencia de esta compleja entidad.
Para esto, la SSS, hasta hace un tiempo tenía dos normas fundamentales para garantizar la calidad de los medicamentos dispensados. Una, la que establecía una red de atención en base a las farmacias, que debían estar registradas debidamente. De este modo, obligaba a las obras sociales sindicales a tener una farmacia cada 4 mil afiliados, y que estas formaran una red que permitiera la mejor distribución de los medicamentos de manos seguras y confiables. Para esta norma fundamental establecida en su momento, era también obligatorio la formación de redes institucionales que velaban por la calidad de atención farmacéutica y daba cobertura de seguridad de los fármacos que se les entregaba a cada afiliado. En el caso de La República Argentina, La Confederación Farmacéutica Argentina, constituía una red de redes por la amplitud de lugares de cobertura en todo el territorio.
Cada prestador obtenía un número de registro, una especie de DNI que lo identificaba en materia de atención. Además, el farmacéutico se constituía en un prestador de salud que debía firmar un contrato de derechos y obligaciones dentro de esa red de la que iba a formar parte. Solo después de cumplir todas estas especificaciones, se ingresaba a la posibilidad fáctica de la dispensa de medicamentos para los trabajadores de una determinada obra social.
Pero, como bien afirma el artículo de Críticadigital y en este espacio desde hace tiempo, la Superintendencia decidió, en distintos momentos, dar atrás con estas dos normas. Primero fue el Superintendente Héctor Capaccioli, que aparentemente estaría bastante complicado en la causa por la mafia de los medicamentos (sería citado a declarar en 15 días), firmó la resolución 94/06, que anuló parte de estos controles, proceso que casi tres años después, terminó de cerrar su sucesor Juan Rinaldi, cuando este estableció el decreto 43/09. Así, con la anuencia del mismo Estado, se desarmó el aparato de control y supervisión farmacéutica que dio, sin más, el paso a la mafia de los remedios.
Si esto es escandaloso, lo que el Estado hizo destratando a las farmacias argentinas de la red sanitaria es para una película de terror. Primero, porque como decíamos eliminó la obligatoriedad de inscribirse en la red institucional. Aquí hay un detalle interesante: desde que se emitió la norma de control, la SSS tardó dos años en su aplicación. para luego amputarla y anularla definitivamente. A partir de eso, la farmacia que debía cubrir frente a la sociedad el lugar de prestador de salud, con obligaciones como otros prestadores (médicos, odontólogos, etc.), con un número de registro individualizable que lo hacía integrante del sistema de atención de la obra social. Luego de tantas dilaciones y amputaciones a la norma de control; quedó todo el manejo en manos de unos pocos vivos que los diarios ahora se encargan de señalar.
Además de este duro golpe, la eliminación de la imposición de una farmacia por cada 4 mil afiliados tuvo consecuencias previsibles. En una ciudad de 400 mil habitantes sobre una provincia de 15 millones , se estableció una ”concesión antojadiza” de pocas farmacias por distrito, a lo sumo dos, concentrando todo el caudal en ese único mostrador. O directamente, la provisión directa por una farmacia trucha – acaso una oficina con una computadora- eran necesarias para cubrir de medicamentos ambulatorios y especiales con proveedores de toda laya. Esto trajo negociaciones non santas para establecer –entre los gremios y la SSS –cuál es esa (afortunada) farmacia. Digamos quién se quedaba con la “licitación privada de ese truculento negociado”. Un entuerto donde la calidad de la prestación, basada en el circuito laboratorio-droguería-farmacia, quedaba roto, dejando en una zona gris la procedencia de los medicamentos que se consumían.
Todo esto fue dictado por un organismo fundamental del Estado, como la Superintendencia, y respetado a raja tabla por las obras sociales, que les convenía este escenario de disminución de prestaciones y una negociación, no, con una red de prestadores, sino con un único actor. Así surge, sin más, droguerías como San Javier, farmacias fantasmas en hospitales, las motos llevando medicamentos a los afiliados, etc. Cuando en este espacio decimos que el Estado es funcional a las mafias, estamos marcando eso, que alimentado por medicamentos de dudosa procedencia, que se adulteran, sin control sanitario, y llegan a ese trabajador afiliado que se ve a todas luces: perjudicado y amenazado. El Estado lo sabe todo. No obstante, y como broche de oro, genera organismos de control miserables. Sin estructuras y sin cuadros técnicos estables. Una mezcla que garantiza un sistema hecho para la joda.
Aquí se ve claramente el culebrón de complicidades en este terrible cuadro de situación. Por más que el diputado Héctor Recalde, hombre del moyanismo, vea detrás de esta y otras denuncias “se aprovecha esta circunstancia dramática y repudiable para ir contra el movimiento obrero” (Diario Crítica, 20/09/09). En realidad, si estos sistemas fuesen de los trabajadores no debería recorrer cada afiliado 7 o 10 kilómetros para comprar un medicamento en la única farmacia de una ciudad que vende su obra social, o no tendría que dudar de la procedencia de los mismos cuando los provee un motomensaje o se retiran fármacos de un mostrador de fiambrería en un subsuelo de un hospital.
El problema comienza a resolverse cuando se lo reconoce. Cuando uno se pregunta simplemente, por los millones pesos que se gastan en el sistema de salud en medicamentos, cuántos de esos millones pasan verdaderamente por la red de farmacias a lo ancho y a lo largo de toda la República. Le adelanto la respuesta, querido lector, casi nada. Todo se resuelve en las sombras, detrás de una oficina que nada se parece a la farmacia que usted y yo conocemos.
Volver el medicamento a la farmacia es el paso obligado. El PAMI, con todas las críticas que podamos hacerle, no nos cansamos de decirlo, es un ejemplo actual de cómo hacer las cosas en el sentido correcto. El sistema de entrega y prestación de medicamentos la obra social de los jubilados; mantiene los tres controles de la cadena (laboratorio-droguería-farmacia), con un código de entrega para cada paciente. Si un control es muy difícil de romper, dos suena a poco probable y tres a casi a imposible. Esto es lo que venimos denunciando, desarmar a las mafias que trafican con la muerte, que alientan a un circuito perverso denunciado por una ex-ministra, que aportó pruebas de una serie de fondos entregados por la SSS para prestaciones que las obras sociales nunca fueron realizadas. ¿Son necesarias más palabras? Creemos que no.
Néstor Caprov
