No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro.

A muchos sorprendió, y hasta escandalizó, una nota publicada por el diario Crítica de la Argentina donde se afirmaba, sin medias tintas, de “Dos resoluciones a favor de la mafia de los remedios” (edición impresa del el sábado 19 de septiembre), y le apuntaba directamente a la polémica Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si. El organismo estatal, encargado de regular los fondos (millonarios) de las obras sociales sindicales, favoreció estas mafias que ingresaron al mercado miles de medicamentos adulterados. Hace unas semanas, en este mismo espacio de MIRADA PROFESIONAL, denunciamos exactamente esto. También sin medias tintas. Pero ahora analicemos un poco más con detenimiento aquellas críticas.

Es bueno recordar que la Superintendencia nace para regular el cumplimiento por parte de las obras sociales del denominado Programa Médico Obligatorio (PMO), una serie de prestaciones de cumplimiento ineludible hacia los afiliados. Básicamente, la SSS asiste a las obras sociales gremiales cuando deben cubrir intervenciones o coberturas no convencionales, tratamientos especiales y/ o de alta complejidad. La idea es que la obra social no quede desfinanciada por las obligaciones que tiene frente al programa. Para esto, retiene un porcentaje de los aportes que los afiliados hacen a cada obra social sindical, para que una vez ingresados estos montos a la SSS, se vayan distribuyendo de acuerdo a las necesidades del sector sanitario que atiende a los trabajadores.

En materia de medicamentos, la Superintendencia garantiza y debería supervisar una especie de correlato del PMO: es decir, un listado de cobertura que va de fármacos especiales a aquellos destinados a pacientes crónicos, terminales o de alta complejidad, que entrega con descuentos que según el caso van desde el 70 al 100 por ciento de cobertura. Para garantizar este beneficio en el tiempo, se crea -entre otras cosas- este organismo estatal, que además de todo lo anterior, debe controlar el funcionamiento de los convenios de prestación de salud de las obras sociales y velar por el bien común de los trabajadores que integran el universo de cobertura. Esta es la justificación casi teórica de la existencia de esta compleja entidad.

Para esto, la SSS, hasta hace un tiempo tenía dos normas fundamentales para garantizar la calidad de los medicamentos dispensados. Una, la que establecía una red de atención en base a las farmacias, que debían estar registradas debidamente. De este modo, obligaba a las obras sociales sindicales a tener una farmacia cada 4 mil afiliados, y que estas formaran una red que permitiera la mejor distribución de los medicamentos de manos seguras y confiables. Para esta norma fundamental establecida en su momento, era también obligatorio la formación de redes institucionales que velaban por la calidad de atención farmacéutica y daba cobertura de seguridad de los fármacos que se les entregaba a cada afiliado. En el caso de La República Argentina, La Confederación Farmacéutica Argentina, constituía una red de redes por la amplitud de lugares de cobertura en todo el territorio.

Cada prestador obtenía un número de registro, una especie de DNI que lo identificaba en materia de atención. Además, el farmacéutico se constituía en un prestador de salud que debía firmar un contrato de derechos y obligaciones dentro de esa red de la que iba a formar parte. Solo después de cumplir todas estas especificaciones, se ingresaba a la posibilidad fáctica de la dispensa de medicamentos para los trabajadores de una determinada obra social.

Pero, como bien afirma el artículo de Críticadigital y en este espacio desde hace tiempo, la Superintendencia decidió, en distintos momentos, dar atrás con estas dos normas. Primero fue el Superintendente Héctor Capaccioli, que aparentemente estaría bastante complicado en la causa por la mafia de los medicamentos (sería citado a declarar en 15 días), firmó la resolución 94/06, que anuló parte de estos controles, proceso que casi tres años después, terminó de cerrar su sucesor Juan Rinaldi, cuando este estableció el decreto 43/09. Así, con la anuencia del mismo Estado, se desarmó el aparato de control y supervisión farmacéutica que dio, sin más, el paso a la mafia de los remedios.

Si esto es escandaloso, lo que el Estado hizo destratando a las farmacias argentinas de la red sanitaria es para una película de terror. Primero, porque como decíamos eliminó la obligatoriedad de inscribirse en la red institucional. Aquí hay un detalle interesante: desde que se emitió la norma de control, la SSS tardó dos años en su aplicación. para luego amputarla y anularla definitivamente. A partir de eso, la farmacia que debía cubrir frente a la sociedad el lugar de prestador de salud, con obligaciones como otros prestadores (médicos, odontólogos, etc.), con un número de registro individualizable que lo hacía integrante del sistema de atención de la obra social. Luego de tantas dilaciones y amputaciones a la norma de control; quedó todo el manejo en manos de unos pocos vivos que los diarios ahora se encargan de señalar.

Además de este duro golpe, la eliminación de la imposición de una farmacia por cada 4 mil afiliados tuvo consecuencias previsibles. En una ciudad de 400 mil habitantes sobre una provincia de 15 millones , se estableció una ”concesión antojadiza” de pocas farmacias por distrito, a lo sumo dos, concentrando todo el caudal en ese único mostrador. O directamente, la provisión directa por una farmacia trucha – acaso una oficina con una computadora- eran necesarias para cubrir de medicamentos ambulatorios y especiales con proveedores de toda laya. Esto trajo negociaciones non santas para establecer –entre los gremios y la SSS –cuál es esa (afortunada) farmacia. Digamos quién se quedaba con la “licitación privada de ese truculento negociado”. Un entuerto donde la calidad de la prestación, basada en el circuito laboratorio-droguería-farmacia, quedaba roto, dejando en una zona gris la procedencia de los medicamentos que se consumían.

Todo esto fue dictado por un organismo fundamental del Estado, como la Superintendencia, y respetado a raja tabla por las obras sociales, que les convenía este escenario de disminución de prestaciones y una negociación, no, con una red de prestadores, sino con un único actor. Así surge, sin más, droguerías como San Javier, farmacias fantasmas en hospitales, las motos llevando medicamentos a los afiliados, etc. Cuando en este espacio decimos que el Estado es funcional a las mafias, estamos marcando eso, que alimentado por medicamentos de dudosa procedencia, que se adulteran, sin control sanitario, y llegan a ese trabajador afiliado que se ve a todas luces: perjudicado y amenazado. El Estado lo sabe todo. No obstante, y como broche de oro, genera organismos de control miserables. Sin estructuras y sin cuadros técnicos estables. Una mezcla que garantiza un sistema hecho para la joda.


Aquí se ve claramente el culebrón de complicidades en este terrible cuadro de situación. Por más que el diputado Héctor Recalde, hombre del moyanismo, vea detrás de esta y otras denuncias “se aprovecha esta circunstancia dramática y repudiable para ir contra el movimiento obrero” (Diario Crítica, 20/09/09). En realidad, si estos sistemas fuesen de los trabajadores no debería recorrer cada afiliado 7 o 10 kilómetros para comprar un medicamento en la única farmacia de una ciudad que vende su obra social, o no tendría que dudar de la procedencia de los mismos cuando los provee un motomensaje o se retiran fármacos de un mostrador de fiambrería en un subsuelo de un hospital.


El problema comienza a resolverse cuando se lo reconoce. Cuando uno se pregunta simplemente, por los millones pesos que se gastan en el sistema de salud en medicamentos, cuántos de esos millones pasan verdaderamente por la red de farmacias a lo ancho y a lo largo de toda la República. Le adelanto la respuesta, querido lector, casi nada. Todo se resuelve en las sombras, detrás de una oficina que nada se parece a la farmacia que usted y yo conocemos.

Volver el medicamento a la farmacia es el paso obligado. El PAMI, con todas las críticas que podamos hacerle, no nos cansamos de decirlo, es un ejemplo actual de cómo hacer las cosas en el sentido correcto. El sistema de entrega y prestación de medicamentos la obra social de los jubilados; mantiene los tres controles de la cadena (laboratorio-droguería-farmacia), con un código de entrega para cada paciente. Si un control es muy difícil de romper, dos suena a poco probable y tres a casi a imposible. Esto es lo que venimos denunciando, desarmar a las mafias que trafican con la muerte, que alientan a un circuito perverso denunciado por una ex-ministra, que aportó pruebas de una serie de fondos entregados por la SSS para prestaciones que las obras sociales nunca fueron realizadas. ¿Son necesarias más palabras? Creemos que no.

Néstor Caprov

Nobleza obliga

Causa una extraña sensación escuchar hoy en casi todos los medios declaraciones, reclamos, pedidos que desde hace muchos tiempo -quizás años -venimos haciendo en este espacio. Fue necesario que una verdadera mafia dedicada a adulterar medicamentos de alta complejidad (HIV, oncológicos, hemofílicos) saliera a la luz para que los funcionarios, legisladores y autoridades sanitarias asumieran el compromiso: basta de medicamentos fuera de la farmacia. Compromiso, debemos agregar, que todavía está en lo declarativo, y que sólo podrá ser real cuando sea realidad la Ley Nacional de Medicamentos solo en Farmacias con su debido control de trazabilidad.

El sacudón del escándalo movió toda la estructura del sector, y la crisis debe servir para revisar conceptos adormecidos y retomar un camino que hace un tiempo se abandonó. Nobleza obliga, los primeros pasos dados por las autoridades, en este caso las bonaerenses, parecen dar con el camino correcto. Acaso -mantenemos el potencial-, más que nada por decepciones pasadas. Pero al fin y al cabo, las últimas decisiones sobre nombramientos son a todas luces: Irreprochables.

Como en este espacio criticamos con dureza al ministro de Salud Claudio Zin y sus desgraciadas declaraciones sobre los medicamentos adulterados (ver editorial No hay peor enemigo que nuestra realidad), la noticia sobre el nombramiento del Farmacéutico Raúl Barreto como jefe del departamento de Farmacia provincial nos entusiasma.

Vemos con mucha satisfacción que se ponga a un profesional farmacéutico al frente de la política oficial del medicamento en el territorio provincial, el más importante del país. Es por formación y experiencia, el colega adecuado para manejar la política oficial en la materia, como se brega desde el sector desde siempre. Un primer paso importante, luego de varios años de falta de decisión al respecto. Entendemos que los medicamentos fuera de las farmacias es un peligro que debe terminar, y esta parece una oportunidad de lograr ese paso que venimos reclamando.


Lo que pedimos: -tampoco es nuevo - devolver a la farmacia un lugar protagónico en el sistema de atención sanitaria, articulando con las autoridades y la sociedad en general todas las medidas preventivas para combatir, por ejemplo, epidemias actuales como la gripe A o el dengue.

TODOS LOS MEDICAMENTOS DENTRO DE LA FARMACIA, incluyendo dentro de esta red independiente toda atención a la seguridad social en la República Argentina, para aprovechar la potencialidad de tener, en todos los barrios, una unidad sanitaria atendida siempre por un profesional las 24 horas del días.


El reclamo viene de la mano de otro no menos importante. Lograr que esta dependencia de Farmacia en el Ministerio de Salud – que ahora parece es un departamento, que alguna vez fue una dirección pero que debería ser una subsecretaría como mínimo –tenga una estructura ágil y dinámica que pueda motorizar políticas activas de control y gestión sanitaria, dejando de ser lo que hoy es: una triste dependencia miserable, abarrotada de papeles, con pocos recursos y sobre todo enfocada a un trabajo de inspección que fallaba hasta aquí, una y otra vez, en el diagnóstico de dónde se debía poner el ojo a la hora de detectar la venta ilegal de medicamentos en la provincia de Buenos Aires.

Sabemos que Barreto conoce como nadie el problema. Como farmacéutico y como estudioso de las leyes, sabe a que nos referimos. Por eso, aprovechando su vasta experiencia esperamos que su gestión sea el puntapié inicial para una nueva realidad, donde se plasme una verdadera política de control del medicamento capaz de desenmascarar a las Mafias en el ámbito de la Provincia. Esperemos que el Ministro y la Flamante subsecretaria de Control Sanitario lo apoyen y se comprometan en ir a fondo en estas cuestiones.

Detrás de toda crisis hay una oportunidad. Así como ocurrió en otras similares, en esta –que pone en juego la vida de las personas –los caminos que elijamos serán fundamentales. Al menos, la designación de Barreto parece intentar corregir el rumbo equivocado que había tomado hasta aquí el Ministerio de Salud provincial. Con qué armas dispondrá; será la clave para anticipar el éxito de su gestión. Es todo un cumplido. Un gesto de parte de las autoridades, que esperemos sea el definitivo para abrir un canal de diálogo que concluya en una verdadera política pública amplia que contenga a todos los organismos de contralor y busque, en definitiva, cuidar la salud de los que consumimos medicamentos en este querido país.


Néstor Caprov

No hay peor enemigo que nuestra realidad

Escandalizados, los medios vienen dando espacio y cobertura a la ya famosa “mafia de los medicamentos”, un negocio millonario que amenaza la salud de la Argentina y que pese a su intrincada presencia en una enorme porción del sistema sanitario nacional hoy sale a la luz, por lo menos en lo mediático. Pero nadie, en especial aquellos que tienen responsabilidades gubernamentales, puede negar que el sistema es funcional a la mafia.

Veamos los argumentos de esta definición. Primero, porque no se cumplen las leyes. No sólo porque hay zonas grises en la legislación, sino porque además no hay gente que las haga cumplir. Es decir, el propio Estado no hace cumplir las normas. Así, se comporta como “participe necesario” de estas mafias, ya que la mitad de las leyes que se promulgan no se cumplen, y la otra mitad o se contradicen o se superponen, por lo que es difícil –cuando no imposible –su aplicación. Para este cumplimiento, para peor, ponen estructuras mínimas que no pueden llevar a cabo con su cometido. Crean un sistema de control para que no pueda controlar. La esencia del gatopardismo. Cambiar todo, para no cambiar nada.

Por su parte, las instituciones, respetablemente, se justifican así mismas; cuando dicen que el medicamento no debe salir del círculo Industria-Droguería-Farmacia. Todo lo que corre por esta gran carretera de producción, distribución y dispensa es estrictamente seguro, todo lo que está a fuera es turbio, marchito, “trucho” y puede estar adulterado. Tiene una fuerte sospecha de mal habido. Eso lo sabemos todos, incluso la gente. Porque cuando compra medicamentos en los kioscos, o cuando recibe productos de su obra social en su casa por un motoquero, sabe que está poniendo en juego su propia salud en manos del quiosquero o del motomensaje.

No es legal en nuestro país que un mensajero de cualquier laboratorio, el conductor de una moto, un quiosquero o el empleado de cualquier lugar que no sea una farmacia sea el garante de la calidad de un medicamento. La sociedad lo sabe, no obstante reproduce el círculo vicioso, por comodidad o falta de educación, con ese espíritu autodestructivo que anida en cada ser humano.

Esto esta claro. Ahora bien, también como sociedad nosotros creamos un Estado, una estructura de poder, a la que confiamos algunos elementos indispensables para el sostenimiento de una sociedad moderna: salud, seguridad, educación. Que el ministro de Salud bonaerense Claudio Zin reconozca a tanto de haber asumido su función que “es muy probable que el 10 por ciento de los medicamentos sea falsificado” (Diario Clarín, miércoles 9 de septiembre) la pregunta se cae de madura: ¿qué está haciendo para combatir ese monstruo el señor Ministro? Si uno incluso concede que reconocer un problema es el primer paso para solucionarlo, lo que se ve es que salvo decirlo, no se hizo más nada. No se tomó ninguna medida para solucionarlo.

Lo que no se hizo por la salud, sí se hizo por la enfermedad. Se dotó de una estructura miserable a los organismos de control, que pasaron de una Secretaria o una Subsecretaria a un despacho cualquiera. Ahí, un par de empleados, rodeados de legajos y papeles desordenados –una imagen digna del claustrofóbico de El Proceso de Franz Kafka –configuran la estructura de contralor para toda la provincia, la más importante del país. No obstante, a esa estructura miserable –la insistencia en la palabra es parte de la gravedad de la situación –se le bajan órdenes de hacer controles, los pocos que puede, dentro de las farmacias. Detectando los problemas sobre la comercialización de medicamentos dentro del canal legal, cuando nos cansamos las instituciones de decir, de buena fe, que el problema está en la calle. No en la farmacia, sino fuera de ella. Sin embargo, las oficinas de control, por ordenes ministeriales, salen a “cazar” problemas dentro de las farmacias, al mejor estilo de Santiago Montoya al frente del ARBA y su “pesca de pecera” (ver editorial “Abuso deshonesto en la pecera”, del miércoles 22 de abril de 2009). .

Sabemos que en esas inspecciones se puede encontrar a una que otra farmacia que este “en la joda”, para usar un término tribunero pero justo. Pero el verdadero flagelo, ese que mata 20 mil personas por año –no dicho por nosotros, sino por entidades como la Universidad de Buenos Aires y las guardias hospitalarias –esta en la calle. Por estas páginas pasaron ejemplos sobrados, crónicas de la venta ilegal en La Salada o la feria de San Francisco Solano (ver “Crónicas marginales“ del viernes 31 de julio). En los diarios se ven como las obras sociales le compran a la mafia, o como muere gente por unas sales de hierro truchas compradas en una droguería ilegal. No obstante esto, los inspectores que intervienen en el contralor de la política de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires siguen controlando dentro de las farmacias. Si no estuvieran en juego la vida de miles de personas – en este caso pacientes terminales o con esperanza de no serlo- sería, todo esto, un mal chiste.

La guerra sin cuartel contra esta dramática situación es la guerra contra el medicamentos mal habido que circula por el canal ilegal. Si alguna vez podemos poner todos los fármacos en esa cadena que es Industria-Droguería-Farmacia estaremos salvando vidas. Y ahí si, que los controles se centren en la farmacia, donde estaría todo el flujo de la dispensa. Pero no ahora, donde una mínima parte pasa por este canal. Hoy, medicamentos de 500 pesos para arriba no se comercializan masivamente más en farmacias. Hay intermediarios, dealers, droguerías fantasmas, una industria del troquel falso. Un iceberg gigante donde la punta visible: es el comercio legal y todo lo que está bajo el agua, es parte de este mercado negro que esta mafia ahora difundida es una de sus partes.

En este panorama, el ministro que dice muy suelto de cuerpo que uno de cada 10 medicamentos es falso, lo que implica es hacer también, participe necesario, a todos los miembros de la cadena legal, sobretodo a la industria del medicamento. Dicho así, el ministro querrá decirnos que la misma industria es funcional a esa venta clandestina? El Dr. Zin debería aclarar qué quiso decir –y que hizo –con este tema. Sobre todo cuando el encargado de controlar en el seno de la estructura oficial (Alberto Costa, ex subsecretario de Control Sanitario de la Provincia, virtual viceministro de Salud) es despedido y sospechado por su vinculación con la mafia. No juzgaremos la conducta del ex funcionario, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ni contribuiremos a su fusilamiento mediático (tan de moda en estos días). Lo que advertimos es que este Estado sigue siendo funcional a estos desmadres. Si nuestras instituciones gremiales no se ponen a la cabeza para denunciar que la verdadera batalla está en la calle, también serían funcionales a esta mafia.

¿Qué hacemos los farmacéuticos en este panorama? Primero, machacar en caliente que esto debe ser de esta manera y no de otra. Además, recordar que la farmacia argentina sigue constituyendo “el refugio” de los medicamentos, donde uno se encuentra con la seguridad de un producto testeado y controlado por las tres instancias de la cadena, con un farmacéutico a la cabeza de cada control técnico.

Hay que decirlo con todas las letras: el sistema retroalimenta a las mafias. Y para ir contra las mafias necesariamente hay que revisar qué nos pasa cuando formulamos un control. Creemos que no es cierto lo que dice el ministro Zin. En todo caso, el 10 por ciento de los medicamentos que circulan por fuera de la farmacias serán truchos. Eso es un problema del propio ministro, que en vez de crear mecanismos para llevar todo el los medicamentos (especiales o convencionales) a las farmacias, como hace el PAMI o el IOMA, desarticula sus propias herramientas de control. Después discutiremos, en otro espacio, el precio que debería cobrar dignamente el farmacéutico por cuidar la salud de la gente dando este tipo de servicio bajo el sistema de las obras sociales públicas.

No creemos que las cifras dadas por el Dr. Zin sean ciertas. Si la industria, las droguerías -esas que tiene años de trabajo a la vista de todos, con sus correspondientes habilitaciones -y la farmacias (verdaderas postas sanitarias de atención integral) existen, hay que aprovecharlas. Y para eso hay que desarmar estas “comadrejas” que están dentro del propio sistema. Las mentiras tienen patas cortas. Más cortas y con menos vida que este show mediático, “para la tribuna”. Echar a un funcionario por sus supuestas implicaciones con el escándalo sirve si después, de forma inmediata, se cambia estructuralmente los controles. Apoyándose en la cadena de trazabilidad tantas veces elogiada y sin embargo dormida en algún cajón de nuestro Congreso Nacional para que nunca le podamos seguir la pista a todos los medicamentos que se comercializan en La Argentina. Si no cambiamos ya mismo, vamos a reproducir una y otra vez el mismo error, negando -sin que nadie ya lo crea- las bondades de un sistema hecho para la joda”; y estaremos como al comienzo. Negando una vez más la realidad. Incluso, poniéndola del lado de enfrente.



Néstor Caprov

Cuesta Arriba.

A simple vista, la V Cumbre Hemisférica de Alcaldes, que se desarrolla esta semana en la ciudad de Mar del Plata, no parece tener mucho con el mundo farmacéutico. Pero en este encuentro, que reúne a jefe comunales de toda Latinoamérica, uno de los ejes de discusión es lograr soluciones comunes a problemáticas similares. Tratar de unificar criterios para mejorar la calidad de vida de las personas. Todas las grandes ciudades, los grandes conglomerados urbanos, están teniendo en el sector farmacéutico problemas evidentemente comunes. Hablamos de farmacias con grandes descuentos –los famosos mostradores “calientes” –laboratorios que entregan esta ventaja competitiva a la hora de comprar (para alcanzar estos descuentos contundentes que favorece la concentración), la pelea por el precio de las cadenas, que vuelve secundaria la cuestión de servicio, que desde lo sanitario es la prioridad de la farmacia independiente.

En el conurbano, a estos problemas se les debe sumar un tema de límites, donde a diferencia del interior del país donde la ruta o la vía de los trenes es una frontera, en la región el límite geográfico y político es una calle. No por nada la región metropolitana está entendida en casi todos los aspectos como una sola cosa. Con las distancias prácticamente abolidas, la gente incluye en la cuenta a la hora de comprar medicamentos el boleto del trasporte y si los números cierran (como suele suceder) se deja de comprar en la farmacia de barrio para ir a Capital a buscar el gran descuento.

Además de esto, tenemos el aumento de nuestros costos propios, ya que en la región metropolitana se pagan excesivos costos. Los alquileres en la zona son “de primer mundo”, con propiedades sobrevaluadas por la desconfianza que hay en la economía y que empuja a los inversionistas a refugiarse en inmuebles (esto hace que mientras los indicadores generales de la economía caen, los valores y los alquileres sigan subiendo). Esta elevación de costos hace que en estos días, farmacéuticos y comerciantes en general,ya no puedan sostener en el tiempo sus negocios. Estas desviaciones típicas del área metropolitana, sumadas a las propias del sector de los medicamentos, como concentración, precios de costos, poder de compra de las grandes cadenas, ventajas de compra “en líneas” de los grandes mostradores, hace que estas cuestiones se vuelvan vitales a la hora de hablar del sector.

A esto hay que sumar la ausencia de Estado como regulador, como garante de normas de juego que eviten que el grande se coma al chico. En un panorama donde en grandes ciudades no se pueda renunciar a ningún producto o servicio, porque por más pequeña que sea la rentabilidad por separado en conjunto ayudan y empujan la rentabilidad general. Situación que no sucede en las ciudades chicas, donde esta política puede entrar como “un virus” que contagie al sistema y que lo vuelque a la pelea por el precio, que termina desvirtuando el precio de los medicamentos o de cualquier producto.

Resumiendo, tenemos problemas evidentemente comunes en los centros urbanos. Si bien es siempre muy importante y hasta necesario ver a la profesión farmacéutica provincial con una mirada macro, como un conglomerado de problemas, pero esta cada vez más claro que hay que tener soluciones diferenciadas que hagan a la solución regional sin romper las “reglas” de una política provincial farmacéutica unificada. Como sucede en la medicina, donde las especialidades son tan puntuales pese a los intentos por volver al médico generalista, la profesión farmacéutica es un mosaico de problemas el cual requiere necesariamente soluciones diferenciadas. Sin el extremo de la medicina, pero cerca. Entonces como correlato de esto, resulta que en nuestras grandes ciudades tenemos, evidentemente, problemas comunes, y es necesario darle a estas ciudades, soluciones comunes. Siempre. En apariencia, los problemas del farmacéutico de Lanús y del de Tierra del Fuego son pocas. Pero acercando la mirada, esas pequeñas diferencias hacen que estemos en presencia de mercados totalmente diferentes, problemáticas profesionales bien distintas.

Ahora bien, “algo” esta pasando en nuestro gremio que hace que no podamos dar con estas soluciones comunes. Todo lo contrario. Ni siquiera nos podemos juntar a compartir el diagnóstico de la problemática, sentarnos en la mesa a discutir cuál es la mejor estrategia para encaminar esa solución. No sólo no vemos el problema común, sino que no nos juntamos a empezar a hilvanar una estrategia para enfrentarlo. Esos “algo”, que son bien nuestros y no los podemos buscar afuera, hacen que cada vez nos dividamos más, lo que terminarán por agigantar nuestros problemas. El resultado es previsible: somos más vulnerables a cualquier ataque de otro sector.

Cuando se asume la responsabilidad de decir lo que se piensa (pensando lo que se dice), como pretendemos en estas editoriales, hay grandes chances de equivocarse. Pero esta es la postal que estamos viendo, el diagnóstico al que se llega después de años de repetir siempre lo mismo. ¿Qué deberíamos hacer después de tantas peleas internas? Por lo pronto sentarnos y poner, como en un balance anual, en la tabla del “debe”, todas aquellas soluciones que necesitamos encontrar, y trabajar gremialmente en ellas. Y de paso, con esa herramienta gremial, ponernos a hablar con quienes tenemos los mismos problemas, para luego ir a negociar con los actores del sector (sindicatos, industrias, droguerías, etc.) para construir un plan a cortísimo plazo que se pueda llevar a cabo en la trinchera que cada uno defiende todos los días. Si logramos articular este “plan de batalla” de forma efectiva, estaremos más cerca de las soluciones que de los problemas.

El tema básicamente es que el enemigo más poderoso no lo tengamos afuera sino adentro del propio gremio, que hace que este planteo tan simple que todos podemos ver, pase desapercibido. Ausente en la agenda de discusión. El día que podamos sacarnos de encima esos “algo”, que dividen las aguas para que unos pocos reinen, que nos distorsionan la visión, podremos ser aportantes de ese plan maestro que nos permita hacer presión todos juntos en un punto de interés común. Mientras el frente interno siga abierto, la dispersión reinará. Y se sabe que a río revuelto, ganancia de pescadores.

La “mejor ley” es una terminología peligrosa, que gracias a nuestra herencia latina termina recayendo en una especie de “manual de usos y costumbres”. Pero como gremio, deberíamos tener un trabajo adecuado para saber detectar cuál es la mejor norma para el sector, para la mayoría de nosotros. Después, el mucho o poco apego a la ley escrita, determinará el escenario, pero eso no quita que debemos tener una aproximación a la norma que más nos conviene, que más nos beneficia.

Ya hablamos en otras editoriales de la falta de discusión dentro del gremio ya hablamos de los problemas de concentración. El tema pasa por lograr los anticuerpos que nos permitan expulsar esos “elementos distorsivos” que nos dividen, nos hace pelear por una discusión muchas veces sin sentido, y no nos permiten dar la batalla contra un mercado farmacéutico sofocante. Aquí, y mediante esta firma de lo que escribo, uno asume la responsabilidad que le toca. A quemaropa. Quizá uno mismo tenga que partir para no aportarle más a los distractores que siempre perduran. Sabiendo de ante mano, que lo mas probable es que muchos nos vayamos de uno en uno y los mismos de siempre se queden.


Néstor Caprov