La salida de Santiago Montoya de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) tuvo todos los condimentos de la típica "rosca" política. Su negativa a ser candidato testimonial en territorio propio (San Isidro), las críticas al gobierno y la respuesta contundente de quienes detentan el poder que lo dejaron en la calle. El recaudador más famoso de los últimos tiempos (tal vez nunca nadie pueda superar al tristemente célebre Carlos Tachi y su frase "a los evasores los voy a hacer m...") se fue por una interna que desgrana al gobierno, pero dejó, para desgracia de los bonaerenses, una pesada herencia. No por su estilo "tribunero" o confrontativo, sino fundamentalmente por las normas aprobadas en las legislaturas que volvieron al sistema impositivo bonaerense en una "pesca con abuso deshonesto en pecera".
La flamante reforma de Ingresos Brutos es el mejor (peor) ejemplo. Aprobada en ambas cámaras, la nueva ley -con estado parlamentario -refuerza la presión sobre algunos sectores como el farmacéutico, que difícilmente puedan soportar el embate sin descapitalizarse y perder rentabilidad. Hay ejemplos claros que muestran cómo la semilla de Montoya -que su sucesor Rafael Perelmiter se supone continuará -puede generar una situación de colapso en el sector.
Puntualicemos lo que estamos diciendo: Las farmacias realizan importantes bonificaciones cada vez que venden un medicamento. Estos descuentos, que en casos como PAMI llega al 16,6 por ciento pero que en obras sociales como OSDE llegan al 24 por ciento, son luego incorporados a las declaraciones como "deducciones de ingresos brutos", ya que la farmacia no cobra el 100 por ciento del total del precio. La nueva Ley 13.930 pone un tope a estas deducciones: el 5 por ciento. Por lo tanto, las farmacias deben financiar el resto de ese porcentaje que queda fuera del tope, que incluso triplican ese valor. Una verdadera locura.
Pongamos números concretos a la operativa cuasi-confiscatoria (palabra de moda si las hay). Si un medicamento sale 100 pesos, comprado por ejemplo por un afiliado de PAMI, la farmacia cobra 83,4 pesos (el resto lo bonifica). Del resto, sólo puede deducir del pago de ingresos brutos un 5 por ciento, por lo cual está entregando al Estado, sin más, tres veces esta cifra. Un disparate tal que la ley, pese al apoyo de los legisladores, no pudo ser reglamentada por las protestas minoristas y por los indescifrables mecanismos de implementación fáctica. Hagamos la cuenta con prepagas como OSDE, donde el beneficio alcanza al 24 por ciento, entonces la farmacia sólo se puede reclamar una quinta parte de lo que se paga.
Pero la injusticia no nace ni muere ahí. También hay que aclarar la forma de pagar los ingresos brutos. Hasta ahora, el farmacéutico debe pagar un impuesto del 2,5 por ciento del total de los medicamentos (precio venta al público) cuando hace la declaración jurada de IB. Es decir, paga todos los días -en la medida que compra a la droguería una percepción de un 3 por ciento del valor "costo" a cuenta de lo que deberá tributar por cada venta final.
Pero la reforma del ex titular del ARBA fue más allá en su política de pesca con tentativa de abuso en pecera. Ahora, por medio de la triangulación de datos de los contribuyentes -aportadas por bancos, tarjetas de crédito, empresas de servicios domiciliarios que tributen ingresos brutos, etc.- establece por su sistema ARBANET, para aquellas farmacias que facturaron durante 2008 menos de $ 450.000; anticipos antojadizos y arbitrarios que supone la persona (física o jurídica) debe tributar sobre "ingresos presuntos", y los determina al voleo y los cobra a cuenta de que, el que paga (siempre los mismos), lo proteste (rectifique) en su declaración jurada anual bajo acción de una inspección pormenorizada por el tiempo que fuere (punto fijo de inspección) que justifique dicha rectificatoria por parte del ARBA.
Para ser más claros: El Estado (ARBA) establece que esta en condiciones de hacer retenciones "estimadas a quemarropa" y sí a usted o a mí, querido lector, nos parece mal; bánquese a los inspectores instalados en su farmacia durante un largo tiempo a modo de aleccionar al contribuyente que era mejor pagar bajando la cabeza y aceptando las reglas del juego.
El pago anticipado ya era una medida injusta, ya que no tenía en cuenta si la venta del producto se producía. Uno paga el impuesto (ese famosa percepción del 3 por ciento del costo cuando se hace la compra) antes, independiente si después se realiza la venta final. Ahora hay que agregar esa tasa a "ojos de buen cubero" que ARBA estima se debería pagar, una suma que por lo general dobla lo que se pagaba antes de la reforma. Este plus perverso (que además implica una obligación de espiar y "botonear" de las empresas de servicios y bancarias) puede y esta siendo objetado por el sentido común de instituciones que representan a los abogados, pero, como la justicia es lenta y siempre se alinea en la vereda del más "pesado del barrio"; usted y yo querido lector, nos tenemos que tragar el "caramelito".
Para completar la pesada herencia del recaudador tribunero y ahora convertido en héroe por el propio gobierno que lo despide, la norma trae otra cuestión. Los agentes de retención (bancos y entidades financieras) deberán quedarse al momento de pagar cualquier cheque, o de acreditarse cualquier valor en cada cuenta corriente, una sobretasa del impuesto a los ingresos brutos del 0,1 al 5 por ciento.
La "Gran Montoya" es un cálculo de estimación según para donde sopla el viento de la necesidad coyuntural de tapar un déficit cada vez más notable. El celo fiscal llevado al extremo de la persecución y el espionaje. Claro; dentro del universo de los que siempre pagamos, dentro de la PECERA. Los nichos de evasión como las dobles y triples facturaciones de los grandes productores o la de los paraísos fiscales, o puertos de libre comercio como los de LA SALADA, solo sirven para hacer cámara y flashes y así convertirse en el héroe de pizzería de barrio que se pretende ser.
Los especialistas dicen que la presión fiscal de la Argentina es mayor a la de los países del primer mundo, incluso en Alemania, Dinamarca o Japón, para nombrar algunos. La tentación por la bancarización, tan propia de las naciones serias del mundo, aquí se vuelve una ficha de adhesión al "club de zonzo". El fin último que premia al sujeto que tiene sus cuentas en orden y usa los bancos reasegurando el valor de lo que posee y gasta sería, de persistir con este mecanismo, una trampa diseñada de "buchoneo" para que los pececitos caigan más rápido y la pecera complete un espectáculo lamentable.
En definitiva estas medidas concebidas y luego refrendadas compulsivamente por parte del poder legislativo, sin la protesta organizada de todos los sectores que afecta, tiene un perjuicio notable, porque castiga sin razón a lo mismos de siempre y lleva tarde temprano, a la incobrabilidad de todo el sistema. No queremos discutir la legitimidad de los impuestos, no es la intención de este espacio. Pero la ya sola presencia de una carga fiscal monumental sobre un producto tan fundamental como los medicamentos es por lo menos preocupante.
Todo esto habla de cómo se entiende la salud en la provincia de Buenos Aires. Puede ser que porque el déficit fiscal bonaerense crezca de manera descontrolada, la necesidad de recaudar lleve a las autoridades a componer fórmulas impresentables. En el 2008 el presupuesto bonaerense estimó un ingreso de 10.606 millones de pesos por impuesto a los ingresos brutos, que no alcanzaron a paliar el déficit. Por esto, la "triple Nelson" de Montoya es un "mediomundo" desesperado en una pecera cada vez con menos peces. Otra asfixia al sector sanitario que cada vez está menos diferenciado de cualquier otra actividad. El problema es que cuando el sector se agote -o la pecera se vacíe -la más perjudicada será, tarde o temprano, la salud de la gente.
Néstor Caprov
