Ambigüedad en la publicidad de los medicamentos

En el mundo de los medicamentos, esta situación de ambigüedad publicitaria se da de muchas formas y en casi todos los sectores que lo componen. Pero hay un ejemplo claro que es necesario analizar. La Buscapina es uno de los antiespasmódicos más populares del mercado, marca insignia de los laboratorios Boehringer Ingelheim. Desde que la Norma le cambió la calificación, este medicamento calificado como "venta bajo receta" paso a ser un producto OTC, es decir, de venta libre. Pero un detalle que pasa casi desapercibido en su nueva caja de presentación encendió algunas alarmas de ojos entrenados. Cuando pertenecía a la primera categoría, en mensaje del laboratorio era claro: "Venta exclusiva en farmacias". Ahora, con su nueva categoría OTC, esa consigna simplemente desapareció.

¿Qué pasó en el medio? La primera aclaración necesaria es que según la ley, cuando un medicamento es de venta libre, esto significa que no es necesaria la prescripción médica para adquirirlo, pero para nada afirma que esa "libertad" significa que pueda ser vendido en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Esta diferencia es fundamental para entender la problemática que desde hace tiempo se viene denunciando en este espacio. La aparición de Buscapina y toda clase de medicamentos en estaciones de servicios, kioscos, almacenes, ferias y en la calle tiene que ver con muchos factores, entre ellos, esta ambigüedad que la ley genera y que es aprovechado para esta pequeña "picardía", que sería sólo eso, si no estuviéramos hablando que contribuye a aumentar un grave problema que afronta contra la salud pública: El medicamento ilegal.

Para que quede claro, OTC o venta libre, pese a lo que muchos proponen, no es libertad absoluta. La propia ley lo prohíbe. Según una resolución de la Administración Nacional de Medicamentos y Aplicaciones tecnológicas (ANMAT) "como consecuencia de la sanción del decreto 2266/91, que alcanzó a todos los bienes y servicios que se ofrecían en el país, los medicamentos de venta libre pueden ser expendidos tanto en farmacias como fuera de éstas (supermercados, quioscos o estaciones de servicio). Sin embargo, algunas provincias como Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe no refrendaron la vigencia de la ley, por lo cual dentro del territorio de éstas sólo pueden ser expendidos en farmacias". Simple y claro.

En este pequeño cambio, que mostramos en la foto, hay una diferencia casi semántica en la "cajita", que se ve a simple vista. En una sociedad como la nuestra, con esta cultura tan proclive a romper las leyes, es una tentación demasiado grande. El famoso decreto firmado por Domingo Cavallo en los 90 liberalizó la venta de OTC, a tal punto que le abrió la puerta a oportunistas y delincuentes que nada tiene que ver con el mercado de los medicamentos, con esta forma particular de violar la ley, o aprovechar alguna grieta sutil para poder vender más en más lugares de consumo.

La cultura de lo ambiguo hacen convivir a una marca líder con un producto trucho, e incluso pone en juego la reputación de una empresa como el laboratorio Boehringer Ingelheim. No hay necesidad de que un producto como la Buscapina N, reconocido por su calidad en el tratamiento médico, abandone su hábitat natural, la farmacia. Qué tipo de publicidad es para el laboratorio que los pacientes adquieran su producto en condiciones desfavorables, donde pueden estar vencidos o deteriorados. Incluso, esa necesidad de marcar las dosis individuales para poder fraccionarlos como si fueran caramelos sin poder leer detras de cada dosis, el número de lote, partida y fecha de vencimiento. A quién creen que va a culpar la gente cuando el medicamento le haga mal a alguien, al feriante que lo vendió o al laboratorio que lo fabricó.

Las pequeñas grietas que el sistema deja son aprovechadas por el mercado informal, que hace todo lo necesario por crecer a la sombra de esta ambigüedad. Mientras la educación y las campañas de concientización no logren desactivar esta fragilidad en las normas y en la conducta criolla de la "avivada", es necesario, por lo menos en materia de medicamentos, ser más taxativos, más rígidos en los controles y así acotar el poder de daño del medicamento que vive, se desarrolla y progresa en los lugares mas impensado de la marginalidad.

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Culto a la imprevisión

De cómo la clase política -de cualquier orden- va detrás de los hechos. De cómo nosotros admitimos e incorporamos esa costumbre de la falta de previsión y cómo afecta a nuestra vida cotidiana. De las variedades de funcionarios y dirigentes que son exelentes disertadores de los casos consumados; y a su tiempo, de casos cerrados por el olvido.

"Llorar sobre la leche derramada" es una frase bien criolla, no sólo porque tiene una fuerte raíz de campo típica de este nuestro país, sino sobre todo porque parece una actitud muy argentina ante los problemas que desde siempre golpean nuestra Nación. Esto de lamentarse ante el hecho consumado puede ser un "infantilismo" de nosotros como sociedad, poco acostumbrada a tener una actitud protagonista en material social, con consecuencia preocupantes para la vida democrática diaria. Pero si se trata de los funcionarios o el mismo Estado, estamos ante una actitud cuanto menos peligrosa y con rasgos suicidas. Un ejercicio didáctico y muy sencillo puede ilustrar esto. Usando el buscador Google, se puede incluir la frase "falta de previsión" y consultar en páginas argentinas. Los resultados son abrumadores. Inundaciones, narcotráfico, salud, economía, en casi todos los ámbitos de la vida diaria alguien acusa al Estado -representado por el gobierno de turno -de no ver o no tomar medidas ante un problema, hasta que este ya generó lamentable consecuencias.


Siempre detrás de los hechos

A qué se debe esa carrera sin sentido que se juega cada día en La Argentina que va detrás de los hechos consumados. En el caso del triple crimen de General Rodríguez, que desnudó un mundo oscuro vinculado al tráfico de drogas, falsificación de medicamentos y otros delitos, la pregunta es perfectamente aplicable. Eran necesarias las muertes, la instalación de distintos cárteles extranjeros capaces de cometer los más horrendos crímenes para tomar medidas. Si como dijo la senadora del Frente para la Victoria Sonia Escudero, "el SEDRONAR advirtió en abril de este año que el país había quintuplicado su importación de efedrina" (Otro tema, 16 de septiembre de 2008), porque recién luego de que el tema tomó notoriedad pública se comenzó a trabajar al respecto. La sensación que queda, pensando todo con la mejor buena intención, es que nadie presta el mas mínimno cuidado a determinados controles, hasta que es demasiado tarde.

A partir del hecho en si, el gobierno puso a trabajar a varios organismos en el tema. Desde ahora, serán responsables de la importación y comercialización de efedrina y otros precursores químicos: el ministerio de Seguridad (que coordina las fuerza federales como Gendarmería o Prefectura, además de la Policía Federal), el SEDRONAR, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre otros organismos, tratando de trabajar en conjunto para detener esto que parece otra pajuerana carrera mirándole la nuca a los acontecimientos.

Al margen que la medida parece a destiempo, en medio de una interna entre la posición "despenalizadora" del ministro Aníbal Fernández y la oposición que genera en las autoridades de los organismos de control que actúan contra las adicciones, tampoco está claro bajo qué legislación actuarán.

Es que dentro de la legislación hay una grieta respecto a este tema. Los precursores químicos son en definitiva elementos legales (hay drogas como efedrina hasta ácidos, cloruros y hasta algunos alcoholes) de uso medicinal, necesarios para la industria. La experiencia mexicana de la prohibición total esta a la vista y es un "pinche" fracaso, y lo único que hace es abrir otra millonaria veta en el negocio del narcotráfico.

En un sistema sanitario como el nuestro, donde cada medida suena a remiendo de emergencia, la imprevisión y falta de visión a futuro cuestan vidas. Es un deber del gobierno tener políticas concretas a largo plazo para atacar los males -los que están instalados y los que aparecen de sorpresa -y evitar las emergencias. Es un deber que la sociedad tiene que exigir, más allá de la medida inmediata. Hizo falta Cromañón para poner la lupa en los boliches, los muertos por el propoleo para poner a andar el ANMAT, que mueran tres empresarios para ver el descontrol de la efedrina. Qué más debe pasar para que asumamos que sin previsión, sin memoria ,amnésicos, y sin mirar más allá del horizonte estamos condenados. Como personas y como país.

Hace poco, el periodista Eduardo Aliberti advertía que la crisis en la salud no tiene "buena prensa", no aparece en los grandes medios, como si otros temas. Será por su lenta agonía, que mata siempre pero de apoco, sin hacer ruido, que todavía nadie advierte que la maquinaria está sangrando. Parece que en algunos temas ni los muertos despiertan las conciencias dormidas. Como la venta ilegal de medicamento, que mata cada día mientras se espera una ley nacional, que ataca como un verdadero "asesino serial" sin que nadie se digne tomar cartas en el asunto.

Pronto puede ser tarde, y como siempre, iremos detrás de las consecuencias. Pero tarde o temprano todos deberemos explicar qué hicimos desde nuestra trinchera para parar la guerra. Y ahí no ya no habrá tiempo para medidas de urgencia. "La dificultad es una excusa que la historia nunca la acepta", dijo alguna vez el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Y se sabe que cuando la historia juzga, es tarde para lamentaciones.



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La Argentina: Zona liberada para el medicamento trucho

La Sra. Ministra de Salud Ocaña lo dijo: El Congreso ya está trabajando en dos normas muy importantes: la primera para que haya un tipo penal específico para este tipo de delitos, e incluso una pena correspondiente muy grave. Y lo otro que los remedios se vuelvan a comercializar en la farmacia, que terminemos con esa reforma de Domingo Cavallo, según la cual hoy se puede comprar un medicamento en cualquier lugar. La Voz del Interior

Cada tanto, la agenda mediática se posa sobre un tema específico, e inunda por unos días los medios con opiniones, palabras, especialistas, miles y miles de producciones que van y vienen hasta que otra vez la atención gira bruscamente. Pasa con los casos policiales más resonantes (García Belsunce, Nora Dalmaso, etc.) con los avatares de la política (Antonini Wilson, tren bala, retenciones) e incluso con los deportes y el espectáculo. Paso con casi todo. Ahora, le toca el turno al mundo de los medicamentos. Desde el triple crimen de General Rodríguez comenzó a circular por todos los medios los detalles de un sistema que aparece como novedoso pero que fue largamente denunciada. El mercado ilegal, el "asesino serial" silencioso.

Con los hechos sobre la mesa sorprende en primer lugar cómo esta situación no llamó la atención de las autoridades antes. Cualquier hijo de vecino, usando sólo el sentido común, se habría dado cuenta que si sólo un tercio de la importación de, por ejemplo, efedrina, tiene como finalidad la fabricación de medicamentos, el resto tiene un destino sospechoso, negro, ilegal. Eran necesarias cuatro muertes y el revuelo mediático para ver, y sobre todo, actuar. Desde hace cuánto el círculo áurico de la trazabilidad, que garantiza un medicamento seguro y efectivo para la población, se rompió en la Argentina, gracias a la fatídica combinación de venta ilegal y falta de control estatal.

Una mirada por el conurbano bonaerense, por ejemplo, servirá para ver cómo se alimenta el monstruo del mercado negro. Cada vez más robos de medicamentos, más farmacias arrasadas por bandas especializadas, que operan con total impunidad no sólo para saquear sino especialmente para colocar la mercadería robada. Mientras las páginas policiales se siguen llenando de la palabra "farmacia" y "remedios", el Estado sigue navegando entre una legislación ineficiente y la falta de decisiones -y por que no de coraje - para dar un giro a la situación, y crear una fuerza especial que combata este tipo de delitos que cada año mueve en el mundo entre 6.000 y 19.000 millones de euros (revista Newsweek, enero 2008) y genera sólo en Estados Unidos 7.000 muertes (según el Instituto de Investigaciones Médicas). Nuestro país, casi de manera obvia, está huérfana de estadísticas oficiales en la materia, pero las estimaciones más optimistas hablan de un 10 por ciento de falsificaciones del total de medicamentos que circulan, un porcentaje que crece a más del 90 cuando se trata de comercios que no son farmacias.

Parte de esta situación sería salvada si como se viene reclamando el medicamento sólo se vendiera en farmacias. Desde que en la década del 90 se liberalizó la venta mediante un decreto ministerial, la legislación argentina quedó atada a una visión mercantilista, y hasta hoy no pudo salir de la trampa en la que entró. El decreto 150/92 firmado por el superministro Domingo Cavallo, y sus posteriores reglamentaciones 1890/92 y 177/93, sepultaron el espíritu sanitarista de la histórica ley 16.463, la famosa "ley Oñativia", aprobada en 1964 por el entonces ministro de Salud del gobierno de Arturo Illia. La pregunta es cómo hasta ahora nadie tuvo la voluntad política ni el coraje para cambiar esta situación, que lleva más de 15 años sin solución, qué lleva a que un decreto esté todavía por encima de una ley con más de 40 años. Para completar el panorama nefasto, el Parlamento Argentino dejó caer la Ley de Medicamentos. Perdió estado parlamentario el año pasado. La norma que se discutía estaba considerada como un marco legal moderno para la fabricación, distribución y comercialización de remedios en todo el territorio. El proyecto fue impulsado entre otros por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM), la Confederación Farmacéutica Argentina y obras sociales ligadas a la CTA, como OSPA (Aeronáuticos) y OSPLAD (Docentes). Por la falta de decisión, por las presiones de siempre de gente con maletín y anteojos oscuros, se ahogó en las comisiones de trabajo de los diputados.

Si la legislación argentina sigue teniendo esta zona gris capaz de alimentar al monstruo de los medicamentos "truchos", las herramientas que tiene para reprimir los delitos siguen siendo escasas. No existe una unidad, cuerpo o incluso un departamento federal especializado dedicado al delito farmacéutico, a cuidar qué cosa se llevan a la boca los argentinos. En el código penal, sólo existe una serie de artículos nucleados en lo que se conoce como "delitos contra la salud pública", donde se agrupan desde la falsificación de medicamentos hasta la mala faena de porcinos. Cómo explicar que un crimen aberrante pero individual como el de María Marta García Belsunce hizo que el poder político destinara una fiscalía especial a su investigación (con recursos que pagamos todos), mientras los delitos de la falsificación no tienen ni un cuerpo especial de prevención y combate. O será que las denuncias de financiación de la política son ciertas. Hasta cuándo decisiones "para la tribuna".

¿Esto es suficiente, o es que nos acostumbramos a vivir en peligro? En países como Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, según sus siglas en inglés) tiene el poder de policía para allanar, detener y procesar a quienes falsifican drogas y medicamentos. En el país donde cualquier persona puede comprar un arma y municiones, incluso en el almacén o la peluquería (basta recordar la memorable escena donde el documentalista Michael Moore compra balas mientras se corta el pelo en su película Bowling for Columbine) conseguir medicamentos fuera del circuito legal es complejo y riesgoso, con penas severas y un sistema de vigilancia completo.

Se sabe que en la provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años se realizaron unos 1.000 allanamientos positivos, donde se detectaron medicamentos falsificados o adulterados. El conurbano y las regiones de frontera son algunas zonas "calientes" donde el tráfico se vuelve casi incontrolable. Sin ley federal ni fuerza especializada, más un organismo como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sin capacidad operativa para actuar en todo el país ni las leyes suficientes para reprimir el delito, la puerta argentina para los "truchos" está abierta. Si a esto sumamos que por alguna razón la costumbre social de comprar medicamentos fuera de la farmacia se extiende pese a los irreparables daños que genera, la afirmación con que titulamos estas líneas es menos una sentencia alarmista que una cruda realidad.

"El Congreso ya está trabajando en dos normas muy importantes: la primera para que haya un tipo penal específico para este tipo de delitos, e incluso una pena correspondiente muy grave. Y lo otro que los remedios se vuelvan a comercializar en la farmacia, que terminemos con esa reforma de Domingo Cavallo, según la cual hoy se puede comprar un medicamento en cualquier lugar", declara casi con hidalguía la ministra de Salud Graciela Ocaña (La voz del interior, 9/9/08). Enhorabuena por la funcionaria, que dio señales después de casi un mes de ajetreo mediático respecto a este tema. Lastima que no podrá reclamar por derechos de autor. Como estas modestas líneas demuestran, estos son reclamos casi históricos de distintos sectores, que no descansan ante el avance de la Argentina "trucha". Más allá de si las cámaras de TV apuntan o no al tema.

El directorio del IOMA y su nostalgia por la década de los 90

Hay algunas frases que por su significado denotan una época. De la casi inofensiva "deme dos" hasta la tristemente célebre "algo habrán hecho", las palabras son parte de la memoria colectiva de una sociedad, que las elige -consiente o inconscientemente -para referenciar un tiempo que ya pasó. "Relaciones carnales" es tal vez la forma más cruda, descarnada y sencilla de describir esa gran incógnita que es hoy todavía para la Argentina la década de los 90. Fueron 10 años desbordados, no sólo por la Ferrari Testarosa, el uno a uno con su costado destructivo de la industria nacional, la jactancia primermundista o las payasadas como la promesa del cohete espacial para ir a Japón en minutos. Sino, especialmente, por la falta de controles de parte del Estado que generó que los sectores más beneficiados se volcaran, vorazmente, sobre el sistema productivo.

De este panorama no se escapó el sistema de medicamentos. Y si bien el paso de los años corrigió parte de la asimetría, el fantasma vuelve a posarse sobre el sistema con este nuevo convenio que impulsa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que despertó crítica y dudas por igual. Cuando se analiza con detenimiento lo que propone la obra social bonaerense las preguntas se multiplican: ¿qué hay detrás del tema IOMA?; ¿por qué se pretende hacer una modificación para darle el gerenciamiento a la Industria Farmacéutica? "IOMA pone al zorro a cuidar las gallinas", se escucha en la capital provincial.

Trataremos de entender de qué se trata este "gallinero". La torta del IOMA en disputa es un gigante de 450 millones de pesos, que corresponde al 45 por ciento que representa el convenio de medicamentos ambulatorios. El otro 55 por ciento, que corresponde a los medicamentos especiales, oncológicos y de lucha contra el HIV, no entra en esta discusión, y ya pertenece a la industria farmacéutica su gerenciamiento y administración.

Volviendo al convenio ambulatorio, en las condiciones actuales, la obra social exige a los farmacéuticos una bonificación del 3,5 por ciento que siempre se convierte en un 4.5% al momento de la liquidación, un 3.5 a la Industria Farmacéutica que casi nunca pone absolutmente nada, vendiendo el 90 % de los remedios a costo cero,y el resto lo financia el IOMA. Con el nuevo convenio, ese monto de bonificación (que en términos formales se puede entender como un "peaje" para entrar al sistema) subirá al 7 por ciento para los farmacéuticos y 10 para la industria. Quedándose con el control absoluto de todo el contrato IOMA.

Este cambio en los porcentajes de bonificaciones de primera mano genera un ahorro en el IOMA, que según estimó el diputado Roberto Passo, vicepresidente de la comisión de Salud de la cámara de diputados provincial es de "alrededor de 50 millones de pesos al año". Ese es el primer mito que se cierne sobre el tema. Si tomamos el ejemplo del PAMI, que tiene un sistema ambulatorio similar al propuesto por el IOMA, veremos que la incorporación de la industria -gerenciando el sistema IOMA- contribuirá a desbarrancar la oferta, que dará más espacio a los medicamentos de marca y menos espacio a los genéricos. Esto, sumado al poder que la industria tiene para "sugerir" y direccionar la venta de medicamentos (con incentivos y gastos pagos a médicos incluidos, como denunció en su nota de tapa la revista Noticias hace unas semanas), no tardará mucho en aumentar el volumen de compra de la obra social, elevando los gastos actuales sin que nada pueda hacerse.

Derribado el mito del ahorro, quienes impulsan este nuevo convenio utilizan la supuesta capacidad informática que le dará la industria farmacéutica para realizar un minucioso censo de los pacientes de la obra social, sus patologías y otros datos. A lo peligroso que darle acceso a datos tan sensibles a un sector que no tiene reparos en utilizar cualquier método para concentrar y acrecentar sus ventas (y que ya generó denuncias de varios tipos en la Superintendencia de Servicios de Salud, sobre todo por procedimientos poco éticos para la introducción de medicamentos extremadamente caros sin la suficiente evidencia científica), se suma la posibilidad de tener un propio sistema informático. Desde hace tiempo desde el Colegio profesional de Farmacéuticos de la Prov. de Bs As. ofrece un sistema de validación on-line que además de dar información fehaciente en tiempo real, mantiene un sistema de confianza cerrado y lejos de las especulaciones comerciales. Hablamos del círculo profesional que comienza con el médico y su diagnóstico, sigue en el paciente y termina en el farmacéutico que dispensa el medicamento indicado. Un sistema de confianza y profesionalidad que el nuevo convenio viene a romper. Ahora qué hace el directorio de IOMA con los datos de sus pacientes o cómo terminan en los archivos de la Industria, nadie lo puede saber ni asegurar.

Las preguntas siguen acumulándose. Por qué reemplazar un convenio que tiene cerca de 20 años, basado en un concepto de sanitarismo, por otro que no garantiza un ahorro real al Estado y entrega el regenteo a un sector que como mínimo no le interesa un pito conceptos como atención primaria, sanitarismo etc, etc. Qué hay detrás de esta intención del directorio del IOMA, que condena prácticamente a desaparecer a largo plazo la libre elección de los medicamentos de los laboratorios mal llamados: genéricos; como sucedió en otras obras sociales provinciales que realizaron reformas similares. Hay que recordar que la obra social bonaerense es la última "joya de la abuela", el último bastión de un sistema que se apagó en todo el país de la mano de una "MONOPOLIZACIÓN" impulsada por la industria. Cuán lejos de lo ilegal está el futuro convenio, que como ya advirtieron algunos especialistas facilita el tráfico de datos sensibles e impone en la práctica, la marca mas cara de los medicamentos que puede llevar el afiliado transgrediendo la ley 25.649 de prescripción por nombre genérico.

Hace 10 años que el sector farmacéutico, que insistimos cuenta con un sistema de validación on-line comprobado y funcionando, le ofrece al IOMA comenzar un sistema similar, sin que la obra social se interese. Qué hay detrás de esta necesidad repentina de cambiar el operador bajo la excusa de un mejor sistema informático, cuando curiosamente no existe un padrón fijo y confiable para mostrar. Qué sucederá con las bandas terapéuticas con que se maneja el sector farmacéutico desde hace un tiempo, regulando en base a criterios profesionales evitando que los criterios comerciales se impongan. Desde hace tiempo, la Industria Farmacéutica está en la mira por introducir tratamientos caros sin una base científica comprobada. Según una denuncia aparecida en el diario Pagina 12 el 28 de julio de este año, "de 1999 a 2007, los gastos por tratamientos que según la Superintendencia de Seguridad Social suelen obedecer a mecanismos muy poco éticos, anclados en el marketing desarrollado por los laboratorios, subieron de seis a 400 millones". Nadie duda que estando adentro, gerenciando todo el sistema, la industria aumentará su poder de lobby, llevando a la oferta a una variedad ilimitada de marcas y de productos innecesarios que terminará encareciendo económica y financieramente todo el sistema, tanto para el Estado como para los usuarios.

No existe modelo en el mundo que incluya en todas sus etapa a un mismo actor. La industria producirá los medicamentos, los venderá y luego los comprará como parte del IOMA. Las preguntas, después de estas líneas, siguen abiertas. A dónde quieren llegar con esta idea. Tal vez a desregular la política sanitaria y en especial la farmacéutica para darle paso a los oportunistas y los mercaderes de la salud. Han decidido aumentar el costo de los medicamentos artificialmente?!; Serán nostalgias de una década que se fue. Si realmente piensan en eso deberían decirlo. Explicarle a esos maestros que blanquearon un aumento del 12 por ciento que pronto deberán usarlo en medicamentos más caros y con menos alternativas. Decirles que solo van a estar disponibles en muy pocas farmacias haciendo las recoridas interminables.

Es la hora de sincerarse de cara a la sociedad. Es agotador escuchar discursos oficiales de funcionarios del IOMA por izquierda y negociar con la industria farmacéutica por derecha. Es todo lo que merece la última obra social donde el concepto sanitario priva por sobre el monetarismo a quemarropa de la década anterior.

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