EDITORIAL 23-5-08: Alimentos o medicamentos; esa es la cuestión

Todos los días, la TV, la radio o los diarios muestran a supuestos especialistas médicos (nutricionistas, pediatras, dentistas, etc.) recomendando tal o cual producto para mejorar la salud, las defensas, para crecer sano o para simplemente llevar una vida mejor. Esta tendencia, que tiene sus abanderados en el yogurt, parece más una derivación de la idea de entender la salud como un aspecto más de la sociedad de consumo (ya analizada en MP con la forma de publicitar medicamentos en Argentina) que el avance de una industria puesta al servicio de la sociedad.

La alarma de esta creciente medicalización de los alimentos como una estrategia de venta la prendió una cadena de emails que ponía en duda las propiedades del Actimel, el yogurt de La Serenísima que según su publicidad "actúa sobre las defensas reforzando el organismo". Con la cara visible del conductor Pancho Ibáñez, la empresa difunde las propiedades de su producto con un concurso llamado "el desafío Actimel", que busca que las personas prueben por un mes los beneficios de este alimento, aunque nadie aclara la base científica de estos. El correo que circuló por Argentina y Europa (Danone, de capitales franceses, es la propietaria de La Serenísima) denunciaba la siguiente situación: "El Actimel provee al organismo una bacteria llamada Lactobacillus Casei. Esta sustancia es generada normalmente por el 98 por ciento de los organismos, pero cuando se le suministra externamente por un tiempo prolongado, el cuerpo deja de elaborarla y paulatinamente olvida que debe hacerlo y cómo hacerlo, sobre todo en personas menores a 14 años".

A esta denuncia, que generó la polémica entre especialistas con dudosas motivaciones, agregaba que "la secretaria de Salud de Argentina obligó a Actimel (La Serenísima) a indicar en su publicidad que el producto no debe consumirse por un tiempo prolongado; y cumplieron, pero en una forma tan sutil que ningún consumidor lo percibe (por ejemplo Desafío Actimel: consúmalo durante 14 días o haga de agosto su acti-mes)". Si bien la acusación fue desmentida categóricamente, y el mail de hecho tiene errores bastante básicos como el tema de la supuesta "secretaría de Salud" (en Argentina la encargada de vigilar la acción de los alimentos y los medicamentos es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y no existe una secretaría de Salud), lo que deja ver que no hay un control estricto y específico para este tipo de información que circula libremente por los medios, y que algunos especialistas llamaron "boom publicitario de los productos alimenticios de venta libre que garantizan efectos terapéuticos". En el caso de Actimel, desde España desmintieron que el consumo prolongado del producto cause los efectos denunciados en el mail, o cualquier otro tipo de perjuicio para la salud. Pero lo que no pudieron demostrar es que la presencia de esta bacteria en el intestino pueda proteger frente a una infección sistémica como pudiera ser, por ejemplo, una gripe. En Argentina, en el sitio de la Sociedad Argentina de Nutrición no existe ningún tipo de información sobre este tema o ninguno relacionado. La incógnita se revela cuando se ve el pie de la página: "este sitio es auspiciado por La serenísima-Danone".

El auge de los productos que actúan como reguladores intestinales, que puso de moda el eufemismo "tránsito lento", desnuda una nueva forma de alimentarse en un mundo donde los tiempos se acortan y la necesidad de mayor "rendimiento" se hace patente. Abandonar los hábitos alimenticios que pueden entenderse como tradicionales (desayuno, almuerzo, merienda y cena) por una sobresalta forma de comer es parte de esta nuevo ritmo que impone la solidad, que muy bien describe Jorge Veraza Urtuzuastegui en su libro Los peligros de comer en el Capitalismo. "Algunos alimentos característicos de la dieta moderna, como el azúcar refinada, la carne roja, los aditivos, la comida chatarra, la comida rápida, el agua embotellada, las llamadas "drogas legales" (café, tabaco y anfetaminas) y los transgénicos están asociados a algunas enfermedades y al auge de la industria farmacéutica, como obesidad, diabetes y cáncer".

Pero además, el marketing de las propiedades medicinales de los alimentos, advirtiendo que la calidad de alimentación era notable, dio un paso más allá. Así, creó a través de la publicidad una necesidad de prevención casi paranoica. La industria está enfilando sus cañones propagandísticos e ideológicos para persuadir a sectores crecientes de población de que ingieran ya no medicamentos para curarse (algo que ha resultado por lo menos problemático, porque cada año crece los daños por la automedicación o los trastornos por la mala utilización de los medicamentos) sino medicamentos o "pre-medicamentos" para no enfermarse. Una vez afinado el mercado de los medicamentos, la industria entró al de alimentos. Así, comenzó a crear la necesidad (a través de la publicidad, entendida como un aparato encargado de reparar la situación de angustia por la no posesión de un producto, que ella mismo creo) de prevenir a la hora de comer.

Todo esto se da en el marco de una sorprendente ausencia del Estado, ya no para crear herramientas para concientizar a la sociedad a la hora de comer, sino para, por lo menos, controlar que la legislación actual sobre este tipo de publicidad, no se vuelva engañosa.

El Código Alimentario Argentino dice, en su artículo 235, que "en los rótulos o anuncios, por cualquier medio (propaganda radial, televisiva, oral o escrita) queda prohibido efectuar indicaciones que se refieran a propiedades medicinales, terapéuticas o aconsejar su consumo por razones de estímulo, bienestar o salud". Clarísima la norma, clarísima la violación. Para profundizar la polémica, muchas de las publicidades se apoyan en la palabra de médicos y especialistas, que utilizan la palabra autorizada que les da un título para darle el marco legal a la creación de necesidad de consumo. Con el producto Danonino pasa algo muy llamativo. Este producto, destinado a los niños en edad de crecimiento, es promocionado por un pediatra. Sin embargo, colegas suyos emitieron opiniones contrarias. "El Danonino es una bomba de vitaminas y minerales que un bebé no puede procesar ni eliminar su exceso", dijo un nutricionista infantil del hospital británico, según otro correo electrónico que circula.

Mientras tanto, las mesas de los argentinos cada vez están más pobladas de productos de elaboración casi médica, de productos "farmacéuticos" para prevenir males o simplemente para estar mejor. Ambigüedad y falta de respuestas claras del Estado están dejando a la sociedad presa del marketing de las comunicaciones. Los nuevos alimentos que curan son los modernos mitos alimenticios, que apoyado en la supuesta base científica modifican los hábitos de consumo. Mitos que por más especialistas que hablen -y consumidores que crean -no dejan de ser eso, mitos. Como la mortalidad de mezclar sandía y vino tinto, que no mata pero generara miedo. Y consumo.

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EDITORIAL 20-5-2008: Simplemente: "El Remediar"

En materia de salud, entre las medidas más destacadas -y analizada -fue la creación del Plan Remediar, un sistema de distribución de medicamentos de primera necesidad que en un primer momento fue un aliciente para la castigada situación de miles de argentinos, pero que a más de 6 años de su creación tiene un presente gris y por lo menos cuestionable.

Para empezar el Remediar, vale decir que fue lanzado por el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, en el contexto de la declaración de emergencia Sanitaria Nacional. El Remediar tuvo como primera intensión asegurar la provisión de un grupo básico de medicamentos a centros de atención primaria de la salud, denominados CAPS. Estos centros son pequeños centros, salitas, y muchas veces hospitales que funcionan como centros de atención primaria. Desde su puesta en marcha, el programa permitió el acceso gratuito a medicamentos de millones de personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza o sin cobertura de obra social, una forma de salir de la terrible crisis sanitaria.

Cuando se puso en marcha El Remediar, un poco menos de la mitad, unos 15 millones de personas, no tenían acceso a medicamentos, situación que se agravaba en el conurbano bonaerense, donde 2 de cada 3 personas estaba en esa grave instancia. La crisis de salud castigó con fuerza a este sector, que por no tener alternativas ni descuentos para adquirirlo y por la falta de cobertura sumado a los evidentes retrasos a la consulta médica.

Según datos del ministerio de Salud, en esos días sólo el 84 por ciento de la población bajo la línea de pobreza lograba acceder a los servicios públicos de salud (a pesar de que se entienden que están destinados a ellos, y su total gratuidad), y el 45 por ciento de los casos deben adquirir los medicamentos prescriptos con recursos propios. Para terminar de definir el panorama de esos días, el 20 por ciento más pobre de la población utiliza casi el 80 por ciento de los gastos de salud de su hogar para adquirir medicamentos, mientras el 20 por ciento más rico sólo destina el 4,1 por ciento de sus gastos totales en salud.

Pero si estos 55 medicamentos del plan Remediar tuvieron una buena recepción en la población más castigada por la crisis, despertó muchas críticas, en especial a partir de la recuperación económica de los últimos años. En primer lugar, las críticas estuvieron centradas en el surtido de los fármacos de la lista. Según el ministerio, estos 55 productos "cubren el 80 por ciento de las necesidades de salud de la población". Pero algunos especialistas recordaron que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para "países en desarrollo" (es decir, países pobres o en crisis) "un núcleo de 309 medicamentos esenciales".

Otra de las principales críticas -tal vez la más importante -es que en los CAPS, donde se dispensan los medicamentos, el Estado no incluyó a los farmacéuticos ni controles más severos de la entrega de medicamentos al público. Y que "en el mejor de los casos", la dispensa de los fármacos está en manos de empleados de los centros, que pueden o no seguir las guías de atención y las indicaciones del plan propiamente dicho o de algún médico. Desde este espacio ya hemos advertido sobre la falta de una política sanitaria integral que incluya a la farmacia y al profesional farmacéutico dentro del esquema de atención, aprovechando el carácter de verdadera "posta sanitaria" que tiene el local de farmacia, en especial en Atención Primaria de la Salud (APS), el primer cordón de contención que tiene el sistema.

Por otra parte, el aspecto económico del plan Remediar es blanco de muchas críticas. Este programa es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que termina aumentando la deuda externa del país. Según las primeras estimaciones, los botiquines del plan costaron en sus dos primeros años unos 50 pesos, lo que fue considerado un precio elevado y arbitrario. Además, gracias a la declaración de la emergencia (tanto administrativa como sanitaria) las compras se realizaron de forma abierta y no por licitaciones, y los medicamentos distribuidos no pasaron por el control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

A más de 6 años de la puesta en marcha de este plan, las conclusiones tienen un sabor agridulce. Por un lado, existió luego de la crisis una necesidad imperiosa de salvar una situación que afectaba a millones de personas. Pero el plan no fue el inicio de una nueva política de medicamentos estatal, que involucre a todos los actores para una mejor producción y acceso a los productos, sino un parche que con el paso del tiempo termino desdibujado, en especial por la falta de controles en la calidad de los fármacos y la falta de atención especializada y profesional en su dispensa. Además el remediar pone el énfasis en la "solución medicamentosa", no en la atención médica, y mucho menos en la prevención.

En un país donde un plan estatal no avance sobre la prevención y contención sanitaria, donde la educación para la salud no se privilegie por encima de soluciones de tiempos de crisis y que mas luego, reconozca las carencias sobre la falta de acceso a los fármacos y las solucione, es un país que no quiere apuntar a las causas sino a las consecuencias de una gestión incompleta sobre la salud de los que menos tienen, los que por las razones que fuere, siempre están incluidos en las listas de exclusión social.

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EDITORIAL 16-05-08: TURISMO EN SANTIAGO Y ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MERCADO CHILENO DE MEDICAMENTOS

Con sus más de 6 millones de habitantes, Santiago de Chile es uno de los centros urbanos más poblados de Latinoamérica. Ciudad multiforme, crece cada día a los pies de la cordillera de Los Andes, bajo una densa bruma grisácea que la cubre y la define. Santiago es una ciudad de contrastes, con sus elegantes barrios residenciales y su enorme área metropolitana, un hormigueo constante de personas y vehículos que hacen tan alocada como fascinante la vida diaria. En ese verdadero enjambre humano, todo parece desmesurado, gigante. Esas características también tienen sus farmacias. Como en una relación simbiótica, la venta de medicamentos se ajusta a las formas de la ciudad, con contrastes y concentraciones. Todos los días, Chile vive la paradoja de los medicamentos, donde grandes sectores pelean por un mercado casi monopólico, dejando presos a los pacientes. MP recorre las calles de Santiago para mostrar cómo esta en materia farmacéutica el país vecino, para conocer qué pasa del otro lado de la cordillera.

Santiago y todo Chile tal vez posea uno de los mercados farmacéuticos más concentrados del mundo, donde 4 grandes cadenas (SyB, Ahumada, Cabo Verde y Conosur) controlan más del 80 por ciento de la venta de medicamento. Este número alcanza más del 90 por ciento en la capital transandina. Esta enorme concentración se dio luego de que en 1984 el decreto Nº 466 modificara el Código Sanitario permitiendo la instalación de "almacenes farmacéuticos", es decir, grandes cadenas de comercialización de medicamentos y otros productos. El resultado, una altísima concentración de locales en las zonas urbanas y de mayor poder adquisitivo y grandes regiones suburbanas o rurales sin locales farmacéuticos. Así lo denunció al Senado chileno Juan Sahady Cura, magister en Salud Pública en la universidad de Bruselas, Bélgica, y ex profesor de Farmacia Clínica en la Diversidad de Chile. "En la comuna de Las Condes, con una población de 280.000 habitantes, hay alrededor de 120 locales de farmacia, lo que da una relación de una farmacia por cada 2.333 habitantes, mientras que hay 50 comunas, muchas de las cuales tienen 10.000 habitantes o más, con un poder adquisitivo mucho menor, que no posee ninguna farmacia", explicó Sahady Cura (presentación del 5 de mayo de este año). El reclamo en el Senado busca poner un cannon de farmacias por habitante, además de crear una legislación que salve de la quiebra a las 296 farmacias independientes que quedan en el país, y que venden el 6 por ciento aproximado de los medicamentos que consumen los chilenos.

Para el periodista Paul Walder "las grandes cadenas son ya un sector económico por sí mismo, como los supermercados o las tiendas por departamentos. La lucha entre ellas no da tregua y es muy probable que continúe". En un artículo en la revista Punto Final, Walder dijo que esta situación "no sólo ha implicado la desaparición del tradicional negocio de barrio sino la creación de un poder de compra que ha arrinconado a los productores más débiles y a los no tan débiles". Además, la concentración desmedida trajo según los especialistas varios problemas en la salud de los habitantes. Según la consultora Adimark GFK, el 56 por ciento de habitantes del área metropolitana de Santiago "reconoce tomar remedios habitualmente sin indicación de un especialista, es decir, más de la mitad se automedica y sólo el 20 por ciento va al doctor cuando tiene alguna dolencia" (revista Vivir Más. Abril de 2008). En este panorama, el mercado farmacéutico chileno facturó en 2004 (último dato conocido) más de 600 millones de dólares, gracias a la venta de más de 190 millones de unidades. Comparado con Argentina, los medicamentos en Chile son un poco más baratos, pese a la concentración. En el país trasandino cuestan en promedio 4 dólares, mientras que en nuestro país salen 6,1 según datos de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA).

Así, la facilidad de adquirir medicamentos en los centros urbanos, que se traduce en un creciente aumento de la automedicación, es inversamente proporcional a la de las zonas periféricas, y eso es una clara debilidad que repercute en el sistema de salud Chile. Este sistema es de carácter mixto, es decir, contempla la participación de entidades públicas y privadas. Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) realizada por el gobierno, el 68,8 por ciento de la población utiliza el sistema público (dependiente del Estado), un 15,1 lo hace a través de Isapres (empresas privadas oferentes de seguros de salud destinados a cubrir los gastos de atención médica de sus afiliados y cargas), el 12,1 por particulares (prepagas) y un 4 por ciento por otros medios (como la atención de las Fuerzas Armadas, que es muy fuerte en ese país).

Como en nuestro país, en Chile existe desde hace un tiempo una ley de genéricos, que por las características del mercado farmacéutico derivó en un nuevo fenómeno: las cadenas de farmacias como productores de medicamentos. Así lo explica Walder: "las grandes cadenas no sólo expresan su poderío a la hora de negociar con los laboratorios que elaboran medicamentos genéricos. La incorporación de genéricos propios, bajo la marca de la cadena, es un factor que tiene al menos dos efectos visibles. Al vender sus propias marcas, la cadena puede aumentar sus márgenes de comercialización; sin embargo, la venta de estos genéricos implica un efecto negativo para los otros laboratorios. Esta situación, que es un tipo de integración vertical, llevó a un reclamo por parte de los productores nacionales ante la comisión antimonopolio, la que, sin embargo, no fue acogida".

La venda de medicamentos genéricos representa casi el 40 por ciento del total del mercado, pero sólo el 10 por ciento de los ingresos. Esto se debe a que las marcas, en especial de laboratorios extranjeros, tienen un alto costo, llegando al 90 por ciento de los ingresos, pese a que son el 60 por ciento del volumen de ventas. La llegada de los genéricos, que en principio podía atentar contra las ganancias para las cadenas, terminó siendo una nueva veta a explotar. Además de la fabricación propia, cadenas como Ahumada decidieron un polémico método para amortizar costos: un sistema de puntos para sus empleados que reemplazó a las tradicionales comisiones por venta. De esta manera, en vez de pagar un porcentaje por venta como estaba establecido con los gremios, se pasó a la acumulación de puntos que después se cambian a pesos chilenos, en una relación que la cadena establece arbitrariamente. Los sindicatos que agrupan a los 4.000 empleados de Farmacias Ahumada, muchos de ellos profesionales, realizaron denuncia de esta forma de reducir sueldos, lo que hizo además que se ajustaran al lugar de trabajo. En los locales de las zonas del ABC1 (clase alta) un empleado puede ganar hasta un 40 por ciento más que en las comunas del área metropolitana. Así y todo, la empresa logró en 2007 un aumento de sus ganancias de un 47 por ciento respecto al 2008 (Crónica Digital. Abril de 2008).

La situación actual, dicen los chilenos, podría empezar a revertirse. Hay algunas ideas para terminar con los peores aspectos de este sistema, y lograr que los medicamentos sean considerados un bien social. Fijar precios, proteger pequeños negocios, atender la salud de todos. Esos son los desafíos a futuro de Chile. En sus calles, al ritmo de una cueca, su gente sigue adelante y la esperanza por debancar este formidable monopolio a la venta de medicamentos, crece y se desvanece en cada estación.

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EDITORIAL 12-05-08: La pelea por las bonificaciones a prepagas: Capital tomó la iniciativa mientras el resto mira

La medida de fuerza busca bajar el nivel de bonificaciones por lo menos 5 puntos, y así comenzar a negociar algunos puntos pendientes con la industria farmacéutica. Pero sólo se realiza en Capital federal, ante el llamativo silencio de las entidades de la provincia de Buenos Aires. Si bien el panorama para las farmacias en suelo porteño tiene algunos matices más negativos que en la provincia (la falta de regulación para el funcionamiento de grandes cadenas, etc.) la realidad entre ambos conglomerados, que forma la denominada Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), es muy similar. La diferencia, por lo menos en este caso, la hace la actitud de las entidades dirigentes.

Para entender mejor que piden las farmacias capitalinas, nada mejor que un ejemplo. De 100 pesos que un cliente de prepagas gasta en la farmacia, deja 60 en el mostrador, obteniendo 40 pesos de descuento. Pero el farmacéutico, presionado por la prepaga, cuando va a cobrar el reintegro, sólo obtiene 16 pesos, bonificando con el 24 por ciento del valor total del medicamento a la prepaga. Esto es un doble descuento, ya que la farmacia debe prácticamente subsidiar a las empresas y a los pacientes. "Estamos negociando las bajas en la bonificaciones, dado que a raíz de las dificultades económicas que estamos atravesando, nos vemos obligados a recortar los descuentos a los afiliados de las empresas de medicina prepaga. Por este motivo, decimos, hasta acá llegamos porque, como empresas privadas, continuamos subsidiando a otras empresas privadas. Queremos un acuerdo de entre un 3 y 5 por ciento menos sobre las bonificaciones", sostuvo el presidente de la Cámara de Argentina de Farmacias, Rodolfo Barrero.

Pero cruzando la General Paz, en territorio del conurbano bonaerense, la situación se sigue produciendo sin demasiadas repercusión en las autoridades. En general, en los grandes centros urbanos de la provincia (conurbano, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata) los reintegros y bonificaciones están arrinconando a las farmacias, empujándolas a la inviabilidad económica. Lejos de seguir el ejemplo de los represententantes de las farmacias de Capital, que logró unir las necesidades inmediatas de todos los actores del sector en una protesta conjunta, la provincia sigue navegando en la inacción. Si el campo logró dejar de lado las diferencias históricas de entidades tan distintas (y enfrentadas) como la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina, para ganar fuerza en la pelea por un objetivo común, la pregunta es qué pasa en Buenos Aires que el tema de las bonificaciones a prepagas (dicho sea de paso muy similar en esencia a las famosas retenciones, por su carácter de confiscatorios) no logra una medida conjunta, consensuada, única, que saque del abismo a miles de profesionales.

Los números que manejan las entidades son más que alarmantes: el 50 por ciento de las farmacias tienen problemas con al cadena de pagos o están a punto de quebrar. Los responsables son varios factores: las nuevas cadenas, las obras sociales y las prepagas, la venta ilegal y por fuera del comercio, entre las principales. Además, el desfasaje entre los plazos de compra y venta juegan en contra del farmacéutico. Se estima que el profesional le compra a las droguerías con plazos de entre 15 a 45 días y las obras sociales y prepagas les pagan a más de 90.

Como sucede en grandes temas relacionados con el sector, la ausencia del Estado tiende a perjudicar a los más débiles y beneficiar a la concentración y el monopolio. Al no haber una política integral sobre el tema reintegros, el mercado queda en manos de la industria farmacéutica, que como hasta ahora pone los porcentajes a su antojo sin que las farmacias tengas chances de hacer valer sus intereses.

Una de las consecuencias directa de este esquema es que la farmacia cada vez le cueste más financiar los costos del sistema prepago de salud y al mismo tiempo se desfinancie también para soportar las Obras Sociales como el PAMI o el IOMA, y así debe amortizar varios costos con la venta directa de medicamentos. Además, con ese margen escaso que le deja la prepaga debe afrontar el pago de impuestos, el pago de salarios y cargas sociales, la actualización profesional y otras mejoras. Como siempre, esto favorece a los grandes conglomerados y deja en estado de indefensión a las pequeñas boticas, que además no pueden dejar las bonificaciones por la alta concentración de locales que se da en las áreas metropolitanas.

"En este momento estamos financiando a todo el sistema porque le damos crédito a la mayoría de las prepagas y mandatarias, y esos créditos no son avalados. Entonces llega un momento en que funden, quiebran y no nos pagan", advirtió Oscar Pozzi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Farmacias (CAF). Sin embargo, no se vislumbra en la provincia una medida en conjunto, y ya son varios los farmacéuticos que se preguntan cuándo piensa reaccionar las entidades que los representan.

En estos momentos, el 50 por ciento de los medicamentos se venden por medio de prepagas y obras sociales. Para volver a vender a estos sectores, los farmacéuticos proponen dos medidas: una, que la actividad de las prepagas líderes esté regulada de una manera similar a cómo se administra el PAMI y, otra, que existan documentos que certifiquen fecha de cancelación y monto del pago. Esto, como una manera de avalar la deuda que las prepagas y obras sociales contraen con las farmacias por la compra de medicamentos, y para evitar tener que ir a la Justicia para cobrar.

Si bien en provincia no hay una medida concreta respecto al tema, en los mostradores ya se hace sentir el tema. Es que muchas farmacias hace un tiempo que no hacen los descuentos porque les resultan inviables. Aisladas, las farmacias, en especial en los barrios, pelean para mantenerse abiertas, ante la inacción del Estado y la falta de coordinación y decisión de quienes las representan. Pagando los platos rotos de un sistema del que no pueden salir.

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EDITORIAL 9/05/2008: Publicidad de medicamentos: el peligro de ver la salud como objeto de consumo

Si nos tomamos el trabajo de hacer un pequeño relevamiento de la cantidad de publicidad que circula en los medios de nuestro país (desde la gráfica y la radio, pasando por la televisión y hasta en Internet) descubriremos que un gran porcentaje de los productos que más presencia tienen son medicamentos. La pelea por un mercado de millones de pesos anuales empuja a los laboratorios a pautar cada vez más en medios, ya sea a través de las formas tradicionales (publicidad estática o aviso comercial) o por las nuevas tendencias, como la denominada Publicidad No Tradicional (PNT). Desde hace un tiempo, varias entidades pusieron atención en el tipo de mensaje que se reproduce cuando se publicitan medicamentos, en especial para determinar las formas en que se buscan influenciar su consumo, y bajo qué reglas se monta su estructura.

Si entendemos el consumo como "un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el que se funda todo nuestro sistema cultural" (Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, 1985) la publicidad es su significante más elocuente, que a partir de su manifestación discursiva se convierte en sí mismo objeto de consumo. Es decir, no nos interesa qué es el objeto que se promociona, qué novedades presenta, sino qué se dice de él y, sobre todo, como se lo dice. Si pensamos, según este esquema, en que el objeto en cuestión es un medicamento, algo que afecta directamente la salud de las personas, el peligro radica en que las reglas de promoción estén más ligadas al consumo que a la información. O sea, que lo publicitario sea más importante que lo sanitario. Además, como explica Roberto Marafioti en Los significantes del consumo, la maquinaria publicitaria está montada "al servicio de provocar y sofocar la angustia". "La falta de aquello, que aún no se tiene, que no se posee pero se debe tener, producirá angustia, pero es la misma publicidad es la que se encarga de reparar esta situación a partir de la posesión del producto".

La publicidad de medicamentos en la actualidad no escapa, por lo menos en sus rasgos más visibles, a este esquema general que se plantea. Por eso la preocupación de varios organismo. La Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, advirtió sobre "las publicidades que fomentan el uso de tratamientos y medicamentos sin supervisión médica, y la proliferación de mensajes publicitarios aconsejando medicamentos y procedimientos terapéuticos de beneficio a veces no establecido y otras exagerado, con el propósito de fomentar su consumo". Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creo los "Criterios éticos para la promoción de medicamentos", un marco teórico donde se establece y recomienda que los anuncios dirigidos al público "deben contribuir a que la población pueda tomar decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están legalmente disponibles sin receta".

La publicidad indiscriminada se da, en parte, por la ausencia de una legislación concreta o un control estatal adecuado, que evite que las normas sobre la actividad la dicte, parafraseando a Adam Smith, "la mano invisible del mercado". En nuestro país, la ANMAT es la encargada de regular el tema, a través de la Comisión Evaluadora de Publicidad y Propaganda de Productos Farmacéuticos, de Uso Medicinal, Odontológico, Suplementos Dietarios y de Tecnología Médica. Si bien la legislación tiene varios criterios claros para el tipo de publicidad que debe circular en los medios, la falta de control o la ausencia de una normativa homogénea para todo el país no permiten un eficaz control. Un claro ejemplo es que la ley prohíbe mensajes tales como "aprobado o recomendado por expertos", "demostrado en ensayos clínicos", que no estén fundados en bases científicas y técnicas que los sustenten. Sin embargo, las publicidades siguen mostrando "médicos", "especialistas", e incluso estudios que recomiendas productos todo el tiempo. En el medio televisivo, la superposición de tareas con el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) es alarmante, en especial con publicidad PNT. Es que la legislación es vetusta y maneja valores muy lejanos a lo que es hoy el mercado televisivo o incluso radial. Con multas que arrancan en los 500 pesos, los canales o productoras prefieren violar la ley y pagar multas, pero quedarse con la enorme tajada de la publicidad. Aunque esté en juego la salud de la población.

Según estudios de la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención Farmacéutica (IADAF), la publicidad de medicamentos incita a la automedicación o al mal uso de fármacos, un problema que se cobra en el país unas 700 vidas por año. Los especialistas advierten que la publicidad de OTC "debería apuntar hacia la medicación responsable", porque "no hay medicamento inocuo, que no tenga efectos adversos ni ninguna contraindicación". Además, el poder que tiene el mensaje publicitario hoy, en especial en televisión, hace que la gente "escuche más a la TV que al especialista, sea profesional de la salud, farmacéutico o visitador médico". El caso más resonante de los últimos tiempos fue la famosa "Cómo estamos hoy" de Bayer, donde se promocionaba su marca de aspirinas. Como analiza Pedro Lipcovich, periodista de Página/12 especialista en salud, "los spots de la tele no comunican ni mencionan los usos terapéuticos de la aspirina -antiinflamatorio, antifebril, anticoagulante- sino que procuran ligar su consumo con un genérico estado de bienestar y alto rendimiento social y laboral". Lo sorprendente, señala, fue que "ni la autoridad a cargo de regular la publicidad televisiva ni la Secretaría de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) han objetado que una campaña publicitaria masiva promueva consumos", igualándolas con campañas de marcas de cigarrillos que de manera frontal promueven el tabaquismo en la primera juventud.

Ante esta situación, los Profesionales Farmacéuticos han solicitado a la ANMAT la elaboración "de una reglamentación mucho más rigurosa en lo que respecta a la publicidad de los medicamentos, tanto para la que se emite durante los programas como para la que aparece en las tandas publicitarias". Este pedido se enmarca en otro más amplio, también con bastante tiempo sin ser tratado: la Ley Nacional de Medicamentos. Cajoneada en la cámara de Senadores, esta ley busca un Código de Ética para la Promoción del Medicamento, con publicidad responsable sobre el uso de medicamentos OTC y la prohibición de publicidad de medicamentos de venta bajo receta. En Brasil, donde existe una inversión publicitaria 4 veces más grande que en nuestro país (2100 millones de dólares contra 515), el Estado ya prohibió varias publicidades, incluyendo una de Bayer sobre aspirinas similar a la polémica que se vio en la argentina.

A fines de la década del 70, un fornido cowboy australiano fumaba en los más inhóspitos lugares, con una música inconfundible de fondo que denotaba aventura y emoción. Pasaron los años y esa publicidad fue reemplazada por otras, y el vaquero quedó olvidado, hasta que supimos que murió de cáncer de pulmón. Si se sigue fomentando lo que alguien definió como "la patria pastillera", no tardarán en llegar los muertos. Si sucede como en el caso del cowboy, que murió de lo que promocionaba irresponsablemente, con tanta pomada antihemorroidal en la TV, uno no deja de preguntarse las dolorosas causas de los decesos de algunos conductores.

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EDITORIAL 5/05/08: El "CANAL K" de venta de medicamentos: un monstruo de dos cabezas

El "canal K" de distribución de medicamentos da inicio al abastecimiento de medicamentos over the counter ( OTC) o de venta libre en kioscos y otros negocios similares, sin los controles adecuados, tanto de la procedencia del medicamento como de su correcto mantenimiento y su aplicación adecuada. Este canal de distribución abre la puerta a la falsificación, que según la Confederación farmacéutica Argentina (COFA) mueve 40 millones de cajas "truchas" por año. El flujo es más que importante, y no es un problema exclusivo de nuestro país. La Conferencia Internacional sobre la lucha contra la Falsificación y la Piratería denunció que el 10 por ciento de los medicamentos que circulan en el mundo son apócrifos, cifra que trepa al 20 por ciento en los países más pobres, generando un negocio que en 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima llegará a los 75.000 millones de dólares

Pese a las leyes que prohíben la venta de medicamentos fuera de las farmacias, cada vez es más fácil conseguir estos productos en comercios o en la calle. Este canal, insistimos en reiteradas oportunidades, abre la puerta a los productos falsificados o mal conservados. Primero, porque existe un vacío legal, una especie de "zona gris" que el Estado todavía no cubrió. Según su legislación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tiene jurisprudencia para ejercer el poder de control y policía en farmacias y establecimientos similares. Es decir, no puede controlar medicamentos que se comercializan fuera del canal legal. Aquí está la paradoja más grande del asunto. Sin controles eficaces, el "canal K" se volvió un monstruo de dos cabezas, alimentado por la necesidad de algunos laboratorios de inundar al mercado con sus productos OTC, y por el Estado que decidió mirar para otro lado, dejando a la población desprotegida. El resultado: que el producto más vendido según COFA en el 2007, la aspirina de venta libre, sea a la vez el más falsificado.

Esta situación alertó al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que inició una investigación sobre la forma en que se comercializan los medicamentos en la Argentina. De ese trabajo surgieron conclusiones cuanto menos alarmantes. Según Mondino, "de la investigación realizada surge claramente la existencia actual de numerosas irregularidades que afectan directamente a la cadena de comercialización de medicamentos y que ponen en serio riesgo la salud de la población y que consisten entre otros en el hallazgo de medicamentos de origen ilegítimo, facturas de compra de medicamentos apócrifas aportadas por los responsables de las droguerías, etiquetas y estuches adulterados, desviación de medicamentos de programas nacionales de salud, medicamentos con vencimientos adulterados y re-etiquetamientos", entre otros problemas. En marzo de este año el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud que arbitre los medios necesarios para "el dictado de una norma, en el marco de sus competencias, y la elevación al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que contemple normativa específica que regule, de forma exhaustiva, las diferentes etapas de comercialización de medicamentos".

Pero el Estado no terminó de unificar sus criterios, y sigue permitiendo que el "canal K" crezca sin restricciones. Pese a que el ANMAT creó el Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, este no alcanza los productos vendidos fuera de farmacias. Se sospecha que de intentarlo tampoco podría hacerlo de manera eficiente. Ante un pedido de informes de Mondino, ANMAT respondió "cuenta con sólo 12 inspectores para fiscalizar en todo el territorio nacional, con la respectiva autorización de las autoridades provinciales, la comercialización de especialidades medicinales", en un universo de 15.000 farmacias. En el informe presentado al Defensor, el ente estatal desnudó la principal falencia del esquema actual.

Otro Defensor del Pueblo, esta vez el de la provincia de Santa Fe, alertó sobre las consecuencias de la cadena ilegal de venta: "El canal de comercialización irregular distribuye medicamentos que pueden ser falsificados, estar adulterados, formar parte del contrabando de piratas del asfalto o, en el mejor de los casos, ser objeto de maniobras de evasión impositiva", dicta un comunicado. Sólo en Rosario, el 80 por ciento de los kioscos vende medicamentos. La defensoría se preguntó como llegan esos medicamentos a los kioscos: "el comerciante compra en negro a un distribuidor que, al mismo tiempo, reparte cigarrillos y golosinas. La gravedad radica en que quien hace las entregas tampoco tiene ningún documento que certifique de dónde vienen los productos que reparte". En efecto, el inicio del "canal K" se da cuando una droguería o laboratorio entrega a una distribuidora que opera en kioscos el reparto de sus productos, o crea una propia en condiciones irregulares. El canal tiene consecuencias concretas: 700 personas mueren al año por mal uso de medicamentos. Además, el kiosco le quita valor agregado el medicamento, ya que se pierde el asesoramiento del profesional de la farmacia. Las estadísticas advierten que el abastecimiento de los kioscos se da generalmente a través del mercado negro (robo o la falsificación), pero también por este doble juego de los laboratorios o por la venta por correo o Internet.

El rol de los consumidores tampoco está exento de responsabilidades en este esquema perverso. Si bien el Estado no tiene un programa de educación sobre los peligros de comprar fuera de la farmacia o sobre los efectos de la automedicación (ni apoya la constitución de la farmacia en una "posta sanitaria", como ya se debatió en este espacio), los pacientes no están actuando con toda la responsabilidad que se espera. Un estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Lanús determinó que la gente compra fuera de la farmacia por comodidad y por cercanía, ya que en la mayoría de los casos los productos son más caros por estar fraccionados. Al haber más kioscos que farmacias, la cercanía y la (mala) costumbre se vuelve un factor determinante.
Desde algunos sectores sostienen que para que exista el "canal K", tiene que haber un público dispuesto a comprar fuera de la farmacia, a riesgo incluso de su salud. Los especialistas advierten que mientras laboratorios y autoridades sigan tratando los medicamentos como productos de consumo masivo y no como componentes del sistema sanitario del país, el problema subsistirá. Los laboratorios aprovechan la indefinición estatal para hacer lo que en sus casas matrices está prohibido. Si una aspirina, el producto más genuino del canal ilegal, por efecto de la humedad o la temperatura puede transformarse en ácido salicílico, un tóxico para la salud humana, los efectos de continuar alimentando al monstruo son inimaginables. Es momento de tomar medidas y evitar que siga creciendo.

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