La Sra. Ministra de Salud Ocaña lo dijo: El Congreso ya está trabajando en dos normas muy importantes: la primera para que haya un tipo penal específico para este tipo de delitos, e incluso una pena correspondiente muy grave. Y lo otro que los remedios se vuelvan a comercializar en la farmacia, que terminemos con esa reforma de Domingo Cavallo, según la cual hoy se puede comprar un medicamento en cualquier lugar. La Voz del Interior
Cada tanto, la agenda mediática se posa sobre un tema específico, e inunda por unos días los medios con opiniones, palabras, especialistas, miles y miles de producciones que van y vienen hasta que otra vez la atención gira bruscamente. Pasa con los casos policiales más resonantes (García Belsunce, Nora Dalmaso, etc.) con los avatares de la política (Antonini Wilson, tren bala, retenciones) e incluso con los deportes y el espectáculo. Paso con casi todo. Ahora, le toca el turno al mundo de los medicamentos. Desde el triple crimen de General Rodríguez comenzó a circular por todos los medios los detalles de un sistema que aparece como novedoso pero que fue largamente denunciada. El mercado ilegal, el "asesino serial" silencioso.
Con los hechos sobre la mesa sorprende en primer lugar cómo esta situación no llamó la atención de las autoridades antes. Cualquier hijo de vecino, usando sólo el sentido común, se habría dado cuenta que si sólo un tercio de la importación de, por ejemplo, efedrina, tiene como finalidad la fabricación de medicamentos, el resto tiene un destino sospechoso, negro, ilegal. Eran necesarias cuatro muertes y el revuelo mediático para ver, y sobre todo, actuar. Desde hace cuánto el círculo áurico de la trazabilidad, que garantiza un medicamento seguro y efectivo para la población, se rompió en la Argentina, gracias a la fatídica combinación de venta ilegal y falta de control estatal.
Una mirada por el conurbano bonaerense, por ejemplo, servirá para ver cómo se alimenta el monstruo del mercado negro. Cada vez más robos de medicamentos, más farmacias arrasadas por bandas especializadas, que operan con total impunidad no sólo para saquear sino especialmente para colocar la mercadería robada. Mientras las páginas policiales se siguen llenando de la palabra "farmacia" y "remedios", el Estado sigue navegando entre una legislación ineficiente y la falta de decisiones -y por que no de coraje - para dar un giro a la situación, y crear una fuerza especial que combata este tipo de delitos que cada año mueve en el mundo entre 6.000 y 19.000 millones de euros (revista Newsweek, enero 2008) y genera sólo en Estados Unidos 7.000 muertes (según el Instituto de Investigaciones Médicas). Nuestro país, casi de manera obvia, está huérfana de estadísticas oficiales en la materia, pero las estimaciones más optimistas hablan de un 10 por ciento de falsificaciones del total de medicamentos que circulan, un porcentaje que crece a más del 90 cuando se trata de comercios que no son farmacias.
Parte de esta situación sería salvada si como se viene reclamando el medicamento sólo se vendiera en farmacias. Desde que en la década del 90 se liberalizó la venta mediante un decreto ministerial, la legislación argentina quedó atada a una visión mercantilista, y hasta hoy no pudo salir de la trampa en la que entró. El decreto 150/92 firmado por el superministro Domingo Cavallo, y sus posteriores reglamentaciones 1890/92 y 177/93, sepultaron el espíritu sanitarista de la histórica ley 16.463, la famosa "ley Oñativia", aprobada en 1964 por el entonces ministro de Salud del gobierno de Arturo Illia. La pregunta es cómo hasta ahora nadie tuvo la voluntad política ni el coraje para cambiar esta situación, que lleva más de 15 años sin solución, qué lleva a que un decreto esté todavía por encima de una ley con más de 40 años. Para completar el panorama nefasto, el Parlamento Argentino dejó caer la Ley de Medicamentos. Perdió estado parlamentario el año pasado. La norma que se discutía estaba considerada como un marco legal moderno para la fabricación, distribución y comercialización de remedios en todo el territorio. El proyecto fue impulsado entre otros por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM), la Confederación Farmacéutica Argentina y obras sociales ligadas a la CTA, como OSPA (Aeronáuticos) y OSPLAD (Docentes). Por la falta de decisión, por las presiones de siempre de gente con maletín y anteojos oscuros, se ahogó en las comisiones de trabajo de los diputados.
Si la legislación argentina sigue teniendo esta zona gris capaz de alimentar al monstruo de los medicamentos "truchos", las herramientas que tiene para reprimir los delitos siguen siendo escasas. No existe una unidad, cuerpo o incluso un departamento federal especializado dedicado al delito farmacéutico, a cuidar qué cosa se llevan a la boca los argentinos. En el código penal, sólo existe una serie de artículos nucleados en lo que se conoce como "delitos contra la salud pública", donde se agrupan desde la falsificación de medicamentos hasta la mala faena de porcinos. Cómo explicar que un crimen aberrante pero individual como el de María Marta García Belsunce hizo que el poder político destinara una fiscalía especial a su investigación (con recursos que pagamos todos), mientras los delitos de la falsificación no tienen ni un cuerpo especial de prevención y combate. O será que las denuncias de financiación de la política son ciertas. Hasta cuándo decisiones "para la tribuna".
¿Esto es suficiente, o es que nos acostumbramos a vivir en peligro? En países como Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, según sus siglas en inglés) tiene el poder de policía para allanar, detener y procesar a quienes falsifican drogas y medicamentos. En el país donde cualquier persona puede comprar un arma y municiones, incluso en el almacén o la peluquería (basta recordar la memorable escena donde el documentalista Michael Moore compra balas mientras se corta el pelo en su película Bowling for Columbine) conseguir medicamentos fuera del circuito legal es complejo y riesgoso, con penas severas y un sistema de vigilancia completo.
Se sabe que en la provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años se realizaron unos 1.000 allanamientos positivos, donde se detectaron medicamentos falsificados o adulterados. El conurbano y las regiones de frontera son algunas zonas "calientes" donde el tráfico se vuelve casi incontrolable. Sin ley federal ni fuerza especializada, más un organismo como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sin capacidad operativa para actuar en todo el país ni las leyes suficientes para reprimir el delito, la puerta argentina para los "truchos" está abierta. Si a esto sumamos que por alguna razón la costumbre social de comprar medicamentos fuera de la farmacia se extiende pese a los irreparables daños que genera, la afirmación con que titulamos estas líneas es menos una sentencia alarmista que una cruda realidad.
"El Congreso ya está trabajando en dos normas muy importantes: la primera para que haya un tipo penal específico para este tipo de delitos, e incluso una pena correspondiente muy grave. Y lo otro que los remedios se vuelvan a comercializar en la farmacia, que terminemos con esa reforma de Domingo Cavallo, según la cual hoy se puede comprar un medicamento en cualquier lugar", declara casi con hidalguía la ministra de Salud Graciela Ocaña (La voz del interior, 9/9/08). Enhorabuena por la funcionaria, que dio señales después de casi un mes de ajetreo mediático respecto a este tema. Lastima que no podrá reclamar por derechos de autor. Como estas modestas líneas demuestran, estos son reclamos casi históricos de distintos sectores, que no descansan ante el avance de la Argentina "trucha". Más allá de si las cámaras de TV apuntan o no al tema.
