El "canal K" de distribución de medicamentos da inicio al abastecimiento de medicamentos over the counter ( OTC) o de venta libre en kioscos y otros negocios similares, sin los controles adecuados, tanto de la procedencia del medicamento como de su correcto mantenimiento y su aplicación adecuada. Este canal de distribución abre la puerta a la falsificación, que según la Confederación farmacéutica Argentina (COFA) mueve 40 millones de cajas "truchas" por año. El flujo es más que importante, y no es un problema exclusivo de nuestro país. La Conferencia Internacional sobre la lucha contra la Falsificación y la Piratería denunció que el 10 por ciento de los medicamentos que circulan en el mundo son apócrifos, cifra que trepa al 20 por ciento en los países más pobres, generando un negocio que en 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima llegará a los 75.000 millones de dólaresPese a las leyes que prohíben la venta de medicamentos fuera de las farmacias, cada vez es más fácil conseguir estos productos en comercios o en la calle. Este canal, insistimos en reiteradas oportunidades, abre la puerta a los productos falsificados o mal conservados. Primero, porque existe un vacío legal, una especie de "zona gris" que el Estado todavía no cubrió. Según su legislación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tiene jurisprudencia para ejercer el poder de control y policía en farmacias y establecimientos similares. Es decir, no puede controlar medicamentos que se comercializan fuera del canal legal. Aquí está la paradoja más grande del asunto. Sin controles eficaces, el "canal K" se volvió un monstruo de dos cabezas, alimentado por la necesidad de algunos laboratorios de inundar al mercado con sus productos OTC, y por el Estado que decidió mirar para otro lado, dejando a la población desprotegida. El resultado: que el producto más vendido según COFA en el 2007, la aspirina de venta libre, sea a la vez el más falsificado.
Esta situación alertó al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que inició una investigación sobre la forma en que se comercializan los medicamentos en la Argentina. De ese trabajo surgieron conclusiones cuanto menos alarmantes. Según Mondino, "de la investigación realizada surge claramente la existencia actual de numerosas irregularidades que afectan directamente a la cadena de comercialización de medicamentos y que ponen en serio riesgo la salud de la población y que consisten entre otros en el hallazgo de medicamentos de origen ilegítimo, facturas de compra de medicamentos apócrifas aportadas por los responsables de las droguerías, etiquetas y estuches adulterados, desviación de medicamentos de programas nacionales de salud, medicamentos con vencimientos adulterados y re-etiquetamientos", entre otros problemas. En marzo de este año el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud que arbitre los medios necesarios para "el dictado de una norma, en el marco de sus competencias, y la elevación al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que contemple normativa específica que regule, de forma exhaustiva, las diferentes etapas de comercialización de medicamentos".
Pero el Estado no terminó de unificar sus criterios, y sigue permitiendo que el "canal K" crezca sin restricciones. Pese a que el ANMAT creó el Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, este no alcanza los productos vendidos fuera de farmacias. Se sospecha que de intentarlo tampoco podría hacerlo de manera eficiente. Ante un pedido de informes de Mondino, ANMAT respondió "cuenta con sólo 12 inspectores para fiscalizar en todo el territorio nacional, con la respectiva autorización de las autoridades provinciales, la comercialización de especialidades medicinales", en un universo de 15.000 farmacias. En el informe presentado al Defensor, el ente estatal desnudó la principal falencia del esquema actual.
Otro Defensor del Pueblo, esta vez el de la provincia de Santa Fe, alertó sobre las consecuencias de la cadena ilegal de venta: "El canal de comercialización irregular distribuye medicamentos que pueden ser falsificados, estar adulterados, formar parte del contrabando de piratas del asfalto o, en el mejor de los casos, ser objeto de maniobras de evasión impositiva", dicta un comunicado. Sólo en Rosario, el 80 por ciento de los kioscos vende medicamentos. La defensoría se preguntó como llegan esos medicamentos a los kioscos: "el comerciante compra en negro a un distribuidor que, al mismo tiempo, reparte cigarrillos y golosinas. La gravedad radica en que quien hace las entregas tampoco tiene ningún documento que certifique de dónde vienen los productos que reparte". En efecto, el inicio del "canal K" se da cuando una droguería o laboratorio entrega a una distribuidora que opera en kioscos el reparto de sus productos, o crea una propia en condiciones irregulares. El canal tiene consecuencias concretas: 700 personas mueren al año por mal uso de medicamentos. Además, el kiosco le quita valor agregado el medicamento, ya que se pierde el asesoramiento del profesional de la farmacia. Las estadísticas advierten que el abastecimiento de los kioscos se da generalmente a través del mercado negro (robo o la falsificación), pero también por este doble juego de los laboratorios o por la venta por correo o Internet.
El rol de los consumidores tampoco está exento de responsabilidades en este esquema perverso. Si bien el Estado no tiene un programa de educación sobre los peligros de comprar fuera de la farmacia o sobre los efectos de la automedicación (ni apoya la constitución de la farmacia en una "posta sanitaria", como ya se debatió en este espacio), los pacientes no están actuando con toda la responsabilidad que se espera. Un estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Lanús determinó que la gente compra fuera de la farmacia por comodidad y por cercanía, ya que en la mayoría de los casos los productos son más caros por estar fraccionados. Al haber más kioscos que farmacias, la cercanía y la (mala) costumbre se vuelve un factor determinante.
Desde algunos sectores sostienen que para que exista el "canal K", tiene que haber un público dispuesto a comprar fuera de la farmacia, a riesgo incluso de su salud. Los especialistas advierten que mientras laboratorios y autoridades sigan tratando los medicamentos como productos de consumo masivo y no como componentes del sistema sanitario del país, el problema subsistirá. Los laboratorios aprovechan la indefinición estatal para hacer lo que en sus casas matrices está prohibido. Si una aspirina, el producto más genuino del canal ilegal, por efecto de la humedad o la temperatura puede transformarse en ácido salicílico, un tóxico para la salud humana, los efectos de continuar alimentando al monstruo son inimaginables. Es momento de tomar medidas y evitar que siga creciendo.
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