En materia de salud, entre las medidas más destacadas -y analizada -fue la creación del Plan Remediar, un sistema de distribución de medicamentos de primera necesidad que en un primer momento fue un aliciente para la castigada situación de miles de argentinos, pero que a más de 6 años de su creación tiene un presente gris y por lo menos cuestionable.
Para empezar el Remediar, vale decir que fue lanzado por el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, en el contexto de la declaración de emergencia Sanitaria Nacional. El Remediar tuvo como primera intensión asegurar la provisión de un grupo básico de medicamentos a centros de atención primaria de la salud, denominados CAPS. Estos centros son pequeños centros, salitas, y muchas veces hospitales que funcionan como centros de atención primaria. Desde su puesta en marcha, el programa permitió el acceso gratuito a medicamentos de millones de personas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza o sin cobertura de obra social, una forma de salir de la terrible crisis sanitaria.
Cuando se puso en marcha El Remediar, un poco menos de la mitad, unos 15 millones de personas, no tenían acceso a medicamentos, situación que se agravaba en el conurbano bonaerense, donde 2 de cada 3 personas estaba en esa grave instancia. La crisis de salud castigó con fuerza a este sector, que por no tener alternativas ni descuentos para adquirirlo y por la falta de cobertura sumado a los evidentes retrasos a la consulta médica.
Según datos del ministerio de Salud, en esos días sólo el 84 por ciento de la población bajo la línea de pobreza lograba acceder a los servicios públicos de salud (a pesar de que se entienden que están destinados a ellos, y su total gratuidad), y el 45 por ciento de los casos deben adquirir los medicamentos prescriptos con recursos propios. Para terminar de definir el panorama de esos días, el 20 por ciento más pobre de la población utiliza casi el 80 por ciento de los gastos de salud de su hogar para adquirir medicamentos, mientras el 20 por ciento más rico sólo destina el 4,1 por ciento de sus gastos totales en salud.
Pero si estos 55 medicamentos del plan Remediar tuvieron una buena recepción en la población más castigada por la crisis, despertó muchas críticas, en especial a partir de la recuperación económica de los últimos años. En primer lugar, las críticas estuvieron centradas en el surtido de los fármacos de la lista. Según el ministerio, estos 55 productos "cubren el 80 por ciento de las necesidades de salud de la población". Pero algunos especialistas recordaron que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para "países en desarrollo" (es decir, países pobres o en crisis) "un núcleo de 309 medicamentos esenciales".
Otra de las principales críticas -tal vez la más importante -es que en los CAPS, donde se dispensan los medicamentos, el Estado no incluyó a los farmacéuticos ni controles más severos de la entrega de medicamentos al público. Y que "en el mejor de los casos", la dispensa de los fármacos está en manos de empleados de los centros, que pueden o no seguir las guías de atención y las indicaciones del plan propiamente dicho o de algún médico. Desde este espacio ya hemos advertido sobre la falta de una política sanitaria integral que incluya a la farmacia y al profesional farmacéutico dentro del esquema de atención, aprovechando el carácter de verdadera "posta sanitaria" que tiene el local de farmacia, en especial en Atención Primaria de la Salud (APS), el primer cordón de contención que tiene el sistema.
Por otra parte, el aspecto económico del plan Remediar es blanco de muchas críticas. Este programa es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que termina aumentando la deuda externa del país. Según las primeras estimaciones, los botiquines del plan costaron en sus dos primeros años unos 50 pesos, lo que fue considerado un precio elevado y arbitrario. Además, gracias a la declaración de la emergencia (tanto administrativa como sanitaria) las compras se realizaron de forma abierta y no por licitaciones, y los medicamentos distribuidos no pasaron por el control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
A más de 6 años de la puesta en marcha de este plan, las conclusiones tienen un sabor agridulce. Por un lado, existió luego de la crisis una necesidad imperiosa de salvar una situación que afectaba a millones de personas. Pero el plan no fue el inicio de una nueva política de medicamentos estatal, que involucre a todos los actores para una mejor producción y acceso a los productos, sino un parche que con el paso del tiempo termino desdibujado, en especial por la falta de controles en la calidad de los fármacos y la falta de atención especializada y profesional en su dispensa. Además el remediar pone el énfasis en la "solución medicamentosa", no en la atención médica, y mucho menos en la prevención.
En un país donde un plan estatal no avance sobre la prevención y contención sanitaria, donde la educación para la salud no se privilegie por encima de soluciones de tiempos de crisis y que mas luego, reconozca las carencias sobre la falta de acceso a los fármacos y las solucione, es un país que no quiere apuntar a las causas sino a las consecuencias de una gestión incompleta sobre la salud de los que menos tienen, los que por las razones que fuere, siempre están incluidos en las listas de exclusión social.
MIRADA PROFESIONAL
