Desde hace tiempo, distintos sectores buscan aprobar una Ley Nacional de Medicamentos, un marco legal moderno para la fabricación, distribución y comercialización de remedios en todo el territorio. Hasta ahora, el Senado de la Nación "cajoneó" la propuesta más importante al respecto: un proyecto impulsado entre otros por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) denominada Código de Ética para la Promoción del Medicamento. Este proyecto cuenta con el aval de distintos sectores como la Confederación Farmacéutica y obras sociales ligadas a la CTA, como OSPA (Aeronáuticos) y OSPLAD (Docentes). El proyecto ya tiene media sanción de Diputados hace casi un año, pero espera que los senadores destraben el actual silencio.
El Código de Ética para la Promoción del Medicamento fue una iniciativa de la actual gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos. Siendo diputada, Ríos estableció un grupo amplio de trabajo que comprendió casi todos los sectores que componen el proceso de producción, distribución y comercialización de los medicamentos. Farmacéutica de profesión, Ríos sabe bastante del tema, y el resultado es este código que busca ser ley. El espíritu de este código busca una promoción más ética de la industria, que deje de lado la mirada económica y asuma una social y sanitaria integrada. Julio Gutiérrez es secretario general de AAPM seccional Sudoeste, y participó del equipo que formó la entonces diputada Ríos para armar el proyecto. En diálogo con MP explicó que este proyecto "es realmente un gran avance para comenzar a regular la actividad frenando la voracidad marketinera y engañosa de muchas estrategias de mercado de los laboratorios. Tenemos que sacar al medicamento de la órbita de Economía y pasarlo a Salud ya que es un bien social y no una mercancía paras ser controlada por la impotente y discapacitada secretaria de Comercio Interior".
Un punto fundamental en este código es lograr que la publicidad que realizan los laboratorios tenga un alto contenido de información y no una mirada netamente comercial. Para esto, en su artículo 6, propone que "la promoción de medicamentos de venta libre, que se realice a través de medios masivos de comunicación, debe incluir básicamente información técnica y científica; no pueden atribuirse a los medicamentos promocionados propiedades no demostradas, ni indicaciones no autorizadas". Además, debe incluirse como mínimo información relacionada con el principio activo, dosis, contraindicaciones y advertencia de consulta profesional. Por otra parte, este código prohíbe la publicidad de medicamentos de venta bajo receta en medios masivos de comunicación.
"Necesitamos una acción férrea sobre la fiscalización del mercado de los medicamentos y la industria farmacéutica. Creemos importante la participación de todos los sectores involucrados en la salud: médicos, farmacéuticos, universidades, CONICET, superintendencia Salud y por supuesto los visitadores médicos, quienes vemos con profunda preocupación la violación permanente de los criterios éticos y el uso racional de los medicamentos que emana de la Organización Mundial de la Salud", criticó Gutiérrez. Pero si diputados logró la media sanción luego de una gran polémica (incluida una fuerte pelea con el presidente de la comisión de Salud de la cámara, el justicialista Juan Sylvestre Begnis), en Senadores tuvo destino de cajón. Pero sus impulsores no se rinden. Gutiérrez adelantó a este medio que ya están trabajando con algunos legisladores, como el socialista Rubén Giustiniani, para darle nuevo impulso al código.
La historia argentina tiene una larga tradición de leyes que van y vienen por tocar intereses sectoriales. El más claro ejemplo es el de la ley 16462, conocida como la "ley Oñativia", en homenaje a su impulsor, el entonces ministro de salud del gobierno de Arturo Illia, Arturo Oñativia. Esta ley, todavía vigente, promueve la toma de conciencia del medicamento como bien no intercambiable. "El precio, regulado por el Estado, debería garantizar su acceso a la población, aún contra las presiones de las multinacionales. Se prohíbe por tanto su publicidad, se establece pautas muy claras para su distribución y comercialización así como las penas correspondientes a su incumplimiento", recuerda un texto elaborado por una comisión homenaje cuando se cumplieron 40 años de su sanción. Con puntos en contacto con el código cajoneado en senadores, la ley sufrió algunas modificaciones producto de algunas reglamentaciones con el tiempo, pero mantiene su espíritu vigente. Como era de esperar, la medida del presidente Illia cayó mal en muchos sectores, que atacaron con dureza al radical. La gran labor del ministro Oñativia y varios legisladores logró mantener en pie la ley, pero el desgaste y los ataques le costaron caro al gobierno. La ley se sancionó, pero la osadía le costaría cara al presidente. Poco más de dos año después, caería merced a un golpe militar.
Durante años, la legislación argentina no tubo grandes saltos respecto a los medicamentos, hasta que en agosto de 2002, en medio de una de las crisis económicas y sociales más fuertes que se hayan vivido, el gobierno de Eduardo Duhalde impulsó la Ley 25.649, conocida popularmente como "Ley de Genéricos". En ella se establece que el médico debe recetar el nombre genérico del medicamento (puede consignar, adicionalmente, un nombre comercial, e incluso tiene la potestad de impedir el intercambio en la farmacia, consignando mediante justificación escrita). Por su parte, el farmacéutico esta habilitado, con el consentimiento del paciente, a expender cualquiera de los medicamentos registrados por el ANMAT que contengan igual principio activo, concentración y forma farmacéutica.
Según un estudio del Centro de Gestión y Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, desde la sanción de la ley de genéricos el crecimiento se registró básicamente en las recetas que consignan el nombre genérico y sugieren además una marca comercial. Las recetas que consignan exclusivamente el nombre genérico del medicamento, en cambio, se estabilizaron en torno al 30 por ciento del total. En cuanto a la venta, el estudio marca que de cada 50 recetas que llegan a la farmacia con nombre genérico más una marca, sólo el 3,5 es reemplazado. La ley recibió en general elogios y permitió que los sectores más vulnerables accedan con mayor facilidad a los medicamentos. De hecho, a partir de 2002 la venta de medicamentos comenzó a recuperarse, hasta alcanzar en 2005 una suba superior al 100 por ciento.
Mientras en senado mantenga sin tratamiento el Código de Ética, la posibilidad de una Ley Nacional de Medicamentos abarcativa, pluralista y con fuerte sentido social no será posible. Con cada vez más oferta de medicamentos ilegales y falsificados, facilitar el acceso de la población a los canales legales debe ser una prioridad. Porque es un derecho. Y salva vidas.
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