EDITORIAL 30-4-08: PRECIO FIJO Y UNIFORME DE MEDICAMENTOS

Para comenzar a entender el tema, hay que señalar que según la industria del medicamento, en el precio final de un fármaco, se consideran los costos de producción, acondicionamiento, recursos humanos, publicidad y merchandising, entre otros elementos. Si hablamos de un laboratorio dueño de la patente de la droga, a eso le tenemos que agregar la amortización por los gastos de investigación del producto.

En la actualidad, la formación de precios en el mercado de medicamentos de nuestro país, no tiene ninguna regulación estatal. Hasta los 90, existía un precio máximo de referencia fijado por el estado. Pero la desregulación monetarista de aquella década, también afectó al mercado de medicamentos. Con la liberación de los precios, se estima que el valor promedio de los remedios de salida de fábrica trepó a fines de esa época de 3,96 a 9,60 pesos.

El mercado de fármacos es complejo y difícil de controlar. Tiene características muy especiales que le son propia. Según los economistas especializados en la materia, "los precios de los remedios son inelásticos, porque por más que suban, la gente los necesita". Durante la década del 90, pese a que Argentina no sufría inflación, los medicamentos subieron algo así como un 140 por ciento. Esto los hizo más caros que en Europa, donde la mayoría de los países tiene una política de control de precios. Además, los laboratorios pudieron acceder a la compra de droguería y cadenas de distribución, más la posibilidad de invertir en fondos de comercios dueños de farmacias, lo que terminó por crear las condiciones para acercarse a un mercado monopólico. Pero la terrible crisis de 2001 desplomó la estructura de los 90. De hecho, se calcula que unos 10 millones de argentinos dejaron de comprar medicamentos producto de la última gran crisis. La recuperación trajo otro capítulo en la novela de los precios: la concentración, los márgenes excesivos de ganancias y la desregulación de la venta, que llevó a los medicamentos de venta libre a la calle, con lo que se alimentó el mercado negro, la falsificación y los peligros para la salud.

Cabe destacar que la última gran iniciativa oficial por regular las fuerzas del mercado fue, ni más ni menos, que la Ley de Genéricos, impulsada por el ex Ministro de Salud Nacional Dr. Ginés González García, durante la presidencia del Dr. Duhalde y ratificada por el Dr. Kirchner durante todo su mandato; que pudo controlar la escalada fenomenal de los precios de los medicamentos, favoreciendo la competencia entre laboratorios que comercializaban los mismos específicos, poniéndolos casi en pie de igualdad. También fue significativa la implementación del PLAN REMEDIAR, financiado con créditos del Banco Mundial, que rescataba a los argentinos que no podían acceder a las medicaciones por ningún modo luego de la crisis de principios de siglo.

En la actualidad, el modelo de mercado farmacéutico, no tiene una política específica e integral en todo el país, más allá de algunos acuerdos alcanzados cuando Néstor Kirchner era presidente, que tuvieron más que ver con congelar algunos precios.

Ernesto Báscolo, especialista en economía y salud, explica que "en el marco de un Estado muy débil en su capacidad de ejercer poder regulatorio real, el componente relacional de estos mercados hace que los actores se terminen comiendo al regulador, considerando la fortaleza que alcanzan la vinculación y los acuerdos (monopólicos) frente al escaso poder que tiene el Estado argentino para regular".

Así, la concentración del mercado se hace sentir, y no existe un precio fijo y unificado en todo el país. Los Farmacéuticos, junto a la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM), vienen pidiendo al Estado que establezca un marco regulatorio tomando como prioridades "el análisis de costos, los recursos del Estado, los protocolos nacionales al respecto, el costo-beneficio de las nuevas drogas, las reales novedades terapéuticas (descartando las modificaciones de una droga similar), entre otros puntos". "El proceso de medicalización de la salud es un grave camino que puede llevarnos a consecuencias catastróficas, desfinanciando el sistema solidario de salud tanto como el público.

Actualmente analizamos legislaciones comparativas de países europeos donde existen regulación estatal y autoregulación de los grandes laboratorios" sostuvo José Charreau, secretario de Acción Social de AAPM. Por su parte, Báscolo advirtió que "el actual predominio de la demanda, constituye una importante transformación en primer lugar por que ya no es el agente prestador (médicos, clínicas y sanatorios, centros especializados), quien impone el patrón de innovación, sino el agente financiero. Y en este sentido al agente principal (financiador) le interesa fundamentalmente eficientizar el gasto de aseguración y no maximizar prestaciones sobre el paciente o sobrefacturar para incrementar sus ingresos".

Otro golpe al establecido régimen de mercado oligopólico farmacéutico que deriva en precios arbitrarios y discriminación por la tenencia de convenios exclusivos para ciertos "agentes del mercado", fue, cuando se puso en vigencia el Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud para profesionales farmacéuticos. Bajo la resolución 468, la SSS modificó el reglamento (en especial los requerimientos) para la inscripción de los farmacéuticos, farmacias y redes de farmacias al sistema de provisión de medicamentos a las obras sociales sindicales. Este fue un nuevo golpe al sector monopólico que se quedaban con márgenes de intermediación y exclusividades de provisión de medicamentos para todas Obras Sociales - Esta Resolución 468, así como otras reglamentaciones complementarias disponían una "brisa de aire puro" por ejemplo, respecto de cantidad y distancias entre farmacias -, o la habilitación para la de venta de medicamentos OTC en comercios distintos a la farmacia. Pero lamentablemente esta iniciativa duerme en los cajones oficiales y lo que fue un verdadero intento por desentrañar la regulación de la adquisición de medicamentos es hoy un manojo de papeles en una carpeta cualquiera de la Super Intendencia de Seguros de Salud de la Nación

La asimetría entre los distintos niveles de ingreso sigue existiendo. Las personas con menores sueldos, por debajo de la línea de la pobreza siguen gastando más en medicamentos y pagando más por ellos que los de mayores ingresos.

En un mercado de alto consumo per capita de fármacos, los pobres gastan más que los ricos en términos relativos y absolutos.

Otro factor que incide en la concentración es el poder de los grandes prestadores. Varios elementos en juego les fue haciendo ganar un mayor poder en la negociación a los aseguradores de salud con población cautiva (obras sociales sindicales y provinciales, PAMI). El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se consolidó con sus más de 4.000.000 de afiliados y las obras sociales provinciales continuaron con sus más de 5.000.000 de afiliados siendo los compradores de servicios más importantes en todas las provincias del país. En el caso de los sistemas prepagos, que están básicamente asentados en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, se dio también un proceso de crecimiento importante de su cobertura. Existe también, una fuerte tendencia a la concentración de los convenios de prestación a los mejores precios para las grandes farmacias del sector.

Este panorama hace necesario un cambio sustancial, comenzando con la postergada ley Nacional de Medicamentos, que contenga todos los sectores del esquema, que determine un precio fijo y uniforme en todo el territorio nacional, que evite la discriminación de los grandes conglomerados y devuelva a la farmacia profesional el protagonismo en el sistema sanitario para asegurar un mejor y más proporcionado acceso a los medicamentos.

EDITORIAL 28-4-08: Mercado de farmacias: ¿corremos hacia el monopolio?

Mercado de farmacias: ¿corremos hacia el monopolio?

Desde hace un tiempo, la imagen de la vieja farmacia de barrio está cambiando. Ya no son esos locales altos, de paredes blancas donde se respiraba ese aroma a esencias y desinfectante. Ahora, las grandes farmacias fueron ganadas por el neón, las luces estridentes y las góndolas, cada vez más llenas de artículos de perfumería, limpieza y bijouterie. Si hasta la imagen del farmacéutico cambio. Ya lejos de aquel boticario de antaño, hoy nos encontramos con jóvenes empleados de impecable blanco que aprendieron eso de "buen día, mi nombre es Carlos, en que puedo servirle…".

La realidad indica que las farmacias están en un proceso de concentración en grandes cadenas, lo que generó cierres de locales más pequeños y denuncias de competencia desleal y falta de ética a la hora de vender medicamentos. A partir de la década de los 90, con la desregulación general que sufrió el país, la tendencia a hacer de la farmacia un mercado de mercancías más, hizo que a los medicamentos se los amontonase en un lugar de la trastienda y en la exhibición se pusieran en primer lugar todo tipo de artículos -pelotitas de ping-pon, papas fritas, televisores y productos de variada procedencia internacional -.

Ya entrado el nuevo siglo, a la pyme como inversión le sucedió la inversión a gran escala, como Farmacity, que en los primeros 5 años del 2000 inauguró más de 50 locales y que abrió el debate de en manos de quién están las farmacias. Farmacity es propiedad del fondo de inversión Pegasus que regenteó en su momento a Freddo o Musimundo, por ejemplo y a sus locales le agregó, casi en igualdad de condiciones con los medicamentos perfumería, bazar y hasta lencería.
La aparición de la cadena en Capital Federal, -denuncia mediante de los profesionales farmacéuticos - hizo que en los últimos 8 años cerraran cerca de 170 farmacias independientes, de las 1.600 que había en la ciudad antes de la llegada de la misma. El mercado argentino, como sucede en algunos países como España, va camino a una concentración al estilo de los Estados Unidos o Chile. En el país trasandino, 4 grandes cadenas (SyB, Ahumada, Cabo Verde y Conosur) controlan más del 82 por ciento del mercado de venta de medicamento, con una altísima concentración en la capital del país, Santiago. En este esquema, muchas farmacias chicas cerraron sus puertas porno poder competir, e incluso la distribuidora Farmacentral (dedicada al abastecimiento de estos pequeños locales) quebró, dejando un hueco en el abastecimiento que no volvió a ser llenado.

En estos momentos, la Fiscalía Nacional Antimonopolios chilena investiga el accionar de estas 4 cadenas, porque entiende que hay una integración vertical con los laboratorios (por ejemplo SyB y Conosur son productores de medicamentos) lo que perjudica a los pacientes. La concentración del mercado atenta además con la atención de los pacientes, que ya no encuentran en el local esa "posta sanitaria" que representa en la práctica una farmacia sino que se encuentra con un lugar que tiene como premisa la venta antes que la atención. En toda Latinoamérica está permitido la propiedad de farmacias a sociedades comerciales como SRL o grandes cadenas, dejando la histórica tradición imitada de países como Francia de permitir sólo a profesionales farmacéuticos la propiedad de estos locales.

En España, el tema causa preocupación, ya que la Comunidad Europea busca eliminar las restricciones sobre el establecimiento de las farmacias. Especialistas Sanitarios advirtieron que si estas cruzada en contra de la Farmacia PROFESIONAL se llevara a cabo desaparecería, "un elemento clave de los sistemas de salud europeos donde se dejaría todo el andamiaje de la atención de salud a merced de las fuerzas del mercado, y la farmacia en Europa sería transformada más allá de lo reconocible".

Así, se busca una legislación para toda la Comunidad Europea más parecida a la que rige en Bélgica u Holanda (donde persona física o jurídica y cadenas pueden acceder a la propiedad de un local, con venta exclusiva y con pocas restricciones en la distribución de locales) que a la que rigen en la península o en Francia, Alemania o Austria, país donde debe haber una farmacia cada 5.500 personas o distanciadas por 500 metros.

El modelo histórico argentino hasta los 90 fue el de estos países, pero la presión de las grandes corporaciones está concentrando el mercado. Algo similar está pasando en Italia y Portugal, donde en los últimos tiempos cambió la legislación para permitir las grandes cadenas, sacando al farmacéutico la exclusividad de poner un local. De hecho, en casos extremos como el de Paraguay o México, el farmacéutico ni siquiera es obligatorio en la dirección técnica del establecimiento o es una referencia circunstancial. Otro buen (o mal) ejemplo es la guerra desatada entre las cadenas mexicanas de Dr. Ahorro y Dr. Simi. Propiedad de Jorge y Víctor González Torres, desde su llegada al país han establecido una "guerra" por un mercado que mueve más de 2000 millones de dólares al año. Las formas de promover sus locales, así como sus estrategias y sus fines son fuertemente criticadas desde las organizaciones farmacéuticas.

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina vienen sosteniendo que este modelo de farmacia es "dirigista" ( contratan médicos que les orientan las recetas dentro de los locales), y sus métodos de promoción (cuando desembarcaron en el país regalaron azúcar y yerba en las farmacias) "un circo, una falta de respeto a la profesión farmacéutica. Acá no queremos este tipo de farmacia, queremos una farmacia profesional que atienda bien a sus pacientes y complemente la tarea del médico". Además, desde COFA se quejaron que "en Buenos Aires hay unas 1500 farmacias, y las cadenas sólo están en los centros de concentración de poder adquisitivo. Una Farmacity o DR. Ahorro nunca se van a instalar en Villa Pineral.
Nosotros pedimos que se regule la distribución de las farmacias, porque cuando aparece un gigante con capital destruye en 24 horas a los pequeños que están alrededor". De hecho, a partir de esta situación el 40 por ciento de las farmacias están en zonas céntricas, contra el 10 o 15 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La nueva forma de atención tiene una incidencia en la atención que recibe el paciente cuando va a comprar medicamento, ya que se pierde de vista la denominada "Atención Farmacéutica (AF)". En Europa, en especial España, modelo del mercado argentino en materia de distribución de farmacias, se da una definición ampliada: "AF es la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades".

Los nuevos conglomerados, como denuncias las asociaciones de farmacias, no tienen en cuentas este aspecto. Argentina debe meditar que camino elegir. Si el que llevó a Chile a una concentración atroz que derivó en un verdadero monopolio, o un sistema más parecido, pese a la preocupación actual, al español o el francés. Son decisiones que, de estar equivocadas, pagarán varias generaciones.

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Agradeciemientos: Farm. Ricardo Aizcorbe (COFA) sobre mercados comparativos

EDITORIAL 22/4/08: LA LEY DE PATENTES Y EL ROL DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS.

La crisis del 2001, que produjo un cimbronazo en toda la estructura del país, llevó al sistema sanitario argentino al borde del colapso. En ese contexto, gran parte de la población se quedó no sólo al margen de la atención, dependiendo exclusivamente de hospitales y centros públicos, sino que perdió la capacidad de comprar medicamentos. La recuperación económica, junto con algunas leyes esenciales en el campo de los fármacos (Ley de Genéricos, Patentes, Plan Remediar) devolvieron la estabilidad al mercado. En todo ese proceso, mucho tuvieron que ver los laboratorios de origen nacional, que recuperaron terreno respecto a las grandes multinacionales y hoy dominan el mercado, generando puestos de trabajo de calidad en el país. El 52 por ciento de los medicamentos que se venden en el país son de origen nacional, contra el 48 restante que se realiza a través de firmas extranjeras. El mercado de fármacos de nuestro país es uno de los más importantes del mundo. De hecho, Argentina es el cuarto país del mundo en consumo de medicamentos por persona, con un promedio de 186 dólares anuales. Esta cifra hace que la disputa entre las firmas por una posición ventajosa a la hora de comercializar sus productos sea a veces despiadada. Este mercado que viene viviendo la paradoja de aumentar sus ganancias (144 por ciento desde la crisis) pero disminuir sus ventas en cantidad de unidades (20 por ciento menos). El crecimiento de la industria de medicamentos locales se dio gracias a la modificación de la ley de Patentes, que se produjo en diciembre de 2003. Si bien para muchos especialistas las modificaciones introducidas a la legislación en la práctica implicaban que los capitales multinacionales del mercado de la industria farmacéutica sean los principales beneficiarios, la nueva norma permitió a los laboratorios nacionales comenzar a competir en igualdad de condiciones con sus pares de capitales extranjeros. El cambio fundamental fue que para extender una patente a 20 años (ya sea una carga de prueba, el patentamiento de microorganismos, patentes transitorias y protección de datos de pruebas contra un uso comercial ilegal u otra variante) los laboratorios deben producir ese nuevo producto en el país. En la práctica, esta modificación, que en América sólo figura en la legislación de Brasil y Uruguay, impidió que los laboratorios extranjeros desplazaran sus plantas u otras instalaciones a países con menor costo de producción, ya sea por mayores descuentos impositivos o por ventajas cambiarias o mano de obra barata. Los cambios a la ley de Patentes se hicieron sobre la base del acuerdo alcanzado por Argentina y Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, y si bien amplía los derechos sobre las patentes, obligó a los laboratorios a producir en el país. Pese a esto, esta ley fue siempre rechazada por el gobierno norteamericano y varios países europeos, aunque como señala el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la obligación de fabricación local está prevista el la legislación de países como Holanda, Gran Bretaña, Italia, Francia y Brasil, por nombrar algunos. La modificación de la ley en Argentina evitó lo que sucedió otros países americanos. Aquellos países que no incluyeron esa cláusula (la obligación de producir en el país donde se pretende patentar) sufrieron una fuerte desinversión, como es el caso de Chile, de donde se fueron los doce laboratorios de capitales internacionales que había. Otro tanto pasó con Perú, de donde se retiraron quince laboratorios, y con Colombia, donde cerraron sus plantas nueve compañías de capitales extranjeros. Esta modificación, a la vez, frenó otra práctica de los laboratorios extranjeros: la importación de medicamentos. Un informe de CILFA es contundente al respecto, e informa que las importaciones de los laboratorios extranjeros pasaron del 12 por ciento en 1992 a 43 por ciento 10 años después, y de no producirse la modificación legislativa llegarían al 100 por ciento en otra década. Es decir, la ley evitó la sustitución de la producción local por importaciones. Esta situación fue denunciada en su momento ante la Cámara de Diputados. El diputado del FREPASO Rafael Flores, que presentó durante el gobierno de la Alianza un proyecto de modificación de la ley, señaló que "si no se exige a los laboratorios extranjeros que fabriquen acá, van a levantar las plantas y se van a ir a producir donde les salga más barato". Tanto Brasil como Uruguay previeron el problema e incluyeron en sus legislaciones cláusulas que obligan a las multinacionales a fabricar los medicamentos en sus países para obtener la patente". Al momento de modificar la Ley de Patentes, los laboratorios nacionales denunciaron que 15 de los 40 laboratorios extranjeros que operan en el país sólo se dedicaban a importar productos. La recuperación del sistema de medicamentos nacionales se completo con la adopción de la ley de Genéricos y el Plan Remediar, que en la práctica le dio cobertura a 54 presentaciones que representan el 80 por ciento de las consultas médicas. En este nuevo panorama, los laboratorios nacionales comenzaron a producir en igualdad de condiciones, aportando inversión y comenzando el proceso de equilibrio de la balanza comercial de medicamento, que sigue por ahora negativa (más importaciones que exportaciones) pero que ya se transformó en un mercado de 450 millones de dólares anuales. Además, la inversión significa mano de obra. El mejor ejemplo es el futuro Polo Farmacéutico de Villa Soldati, un proyecto que se espera esté finalizado a fin de este año y demandará una inversión de unos 150 millones de pesos y generará unos 600 puestos de trabajos de manera directa y 2000 de manera indirecta. El polo estará ubicado en un predio en 21 hectáreas delimitadas por las avenidas Escalada, General Francisco Fernández de la Cruz y la calle que corre en forma paralela a las vías del Ferrocarril Metropolitano. Con estas medidas, el país se aseguró una mejor distribución de los medicamentos, recuperando los niveles de compra anteriores a la crisis y la devaluación. La ley de Patentes, que en la práctica contiene más limitaciones que incluso la de los Estados Unidos, evitó que muchos laboratorios emigraran por caso a Brasil, aprovechando su condición de socio mayor del MERCOSUR. Si bien el mercado argentino está lejos de ser de importancia incluso en Latinoamérica -los principales productores son México (34 por ciento), Brasil (30), Argentina (9) y Venezuela (9) -la producción de medicamentos ya alcanzó el 7 por ciento del valor agregado industrial del país, lo que significa que sigue generando empleo y ampliando su abanico de influencia. Con el tiempo, y gracias a una mejor intervención del Estado, puede seguir creciendo y terminar este proceso que beneficia a la producción local de nuestro país.


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EDITORIAL 18-4-08: LA FARMACIA FUERA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD: UN DESPERDICIO DE RECURSOS Y MATERIAL HUMANO

Se estima que en Argentina, el gasto público en Atención Primaria de la Salud (APS) asciende a 1.988 millones de pesos, lo cual representa un 23,8 por ciento del total de lo gastado por le Estado. De este monto, el 61,3 por ciento provienen del ámbito municipal, el 25,4 del provincial y sólo el 19,3 corresponde al gobierno nacional. Los gastos se realizan a través de muchos planes y programas de atención, que abarcan todas las temáticas y los factores que hacen a la APS. Pero llama la atención que ninguno de estos programas incorpore a su esquema de trabajo uno de los integrantes con mayor presencia de campo en los barrios: LAS FARMACIAS.

Según cifras oficiales, existen en nuestro país 12.000 farmacias habilitadas. En muchos casos, estos locales llegan a zonas donde la APS está ausente, como barrios periféricos o regiones alejadas. Si pensamos que un establecimiento puede recibir unas 100 visitas diarias, la cantidad de personas que consultan sobre diversos temas de salud al farmacéutico está a la vista. La formación profesional del farmacéutico le da una mirada amplia sobre la APS, y puede dar una eficaz orientación higiénico-sanitaria, para disimular los problemas actuales de la atención en Argentina. Para Carlos García, del departamento de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar y Preventiva del Hospital Italiano, "la atención primaria en Argentina pasa por un momento de extrema debilidad". "Estos tiempos la hallan sin liderazgo ni representantes que lo asuman, faltan organizaciones sólidas que asuman el compromiso de hacerla trascender y cumplir con sus postulados. Las voluntades individuales, sin duda, no alcanzarán. Las políticas coyunturales, de corto plazo o personalistas tampoco", criticó García. Entonces, por qué desaprovechar una red de profesionales con llegada a todos los barrios, que además -y esto no es poca cosa -goza de la confianza de la gente.

La atención farmacéutica se basa, según el informe de la reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizada en Japón en agosto de 1993, en "un concepto de práctica profesional en el que el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico". Para la organización, esta atención es "el compendio de las actitudes, los comportamientos, los compromisos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia". Pero si bien esta primera definición se centra en la farmacoterapia, en la declaración final de aquel encuentro se acordó extender el radio de acción de la atención farmacéutica al público en su conjunto. Por primera vez, la OMS reconoció al farmacéutico "como dispensador de atención sanitaria que puede participar activamente en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud", dividiendo las acciones del profesional farmacéutico entre las relacionadas con el paciente y con la comunidad.


Antes que la OMS, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ya había desarrollado el marco teórico para legislar de alguna manera los servicios de las farmacias, que ya hacía foco en la necesidad de una atención más amplia dentro de los locales. En su manual "Buena Práctica Farmacéutica (GPP) en las farmacias comunitarias y hospitalarias", la FIP reconoció al farmacéutico como proveedor de atención sanitaria, por lo que debe "participar en la detección sistemática de problemas sanitarios y aquellos que significan un riesgo para la población, participar en campañas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades dirigidas a la población y mantener informadas a las personas, para que puedan tomar decisiones acertadas en cuanto a su salud". Ambas declaraciones, la de la FIP de 1992 y la de la OMS de 1993 fueron consensuadas por ambas organizaciones en un documento conjunto en 1995. Pese a que pasaron casi 15 años de esto, en Argentina los programas en APS siguen ignorando a la farmacia y a sus profesionales como centros sanitarios donde desarrollar una política eficaz.

Volviendo a la red farmacéutica, a diferencia de Europa, que utiliza sus farmacias para realizar no sólo prevención sino encuestas y todo tipo de distribución de información, en nuestro país se sigue ignorando el canal. Según un trabajo de Carlos Vassallo, en todo el territorio argentino hay 1.450 establecimientos de APS, que producen al año 5.563.991 consultas médicas (más 820.324 odontológicas). Comparadas con el potencial de la red de farmacias (sólo 1.200.000 visitas diarias estimadas), la diferencia está a la vista. Además, Vassallo identifica una práctica en los pacientes que puede ser corregida con la incorporación de la farmacia al sistema de APS. En base a un estudio la consultora Graciela Romer & Asociados, el 87 por ciento de los pacientes en la provincia de Buenos Aires concurre directamente al hospital sin recurrir previamente a los centros de atención de primer nivel, porque o bien no conocen estos centros o porque consideran mala la atención que allí se da. Estos factores, junto a otros (la falta de profesionales en los centros, el tiempo de espera para ser atendidos), profundizan la necesidad de generar programas para incorporar a la farmacia al esquema de APS.


En octubre de 1984, la provincia de Tucumán sancionó la ley 5652, que creó el Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.), con la idea de descentralizar la atención sanitaria en todo el territorio provincial. Para esto creó los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), cuya finalidad fue atender a un sector de la población que se encuentra en "alto riesgo" por factores económicos, higiénico-sanitarios, educacionales y sociales. Los CAPS fueron integrados, según la ley, por médicos (clínicos, pediatras, ginecólogos), enfermeras, odontólogos, asistentes sociales y administrativos. Claudia Sanz y María Eugenia Mothe, de la facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de esa provincia, advirtieron en un estudio que "el punto en común en todos los CAPS es la ausencia del profesional farmacéutico, único responsable reconocido legalmente para el manejo del medicamento". Por eso, pidieron que se reconozca "el papel del farmacéutico en el área ambulatoria de los CAPS", y que se lo incorpore de manera total "lograr insertar y revalorizar su misión donde el paciente será el primer beneficiario".

Otro ejemplo, esta vez positivo, es el que protagonizaron las farmacias de Lanas, cuando realizaron su campaña de vacunación contra el Tétanos. Más de las 100 farmacias se adhirieron a esta campaña preventiva, que fue un paso para lograr el objetivo que se planteó el Colegio Profesional: que se considere a la farmacia como un centro de atención sanitaria. "Frente a la actual crisis y colapso que vive el sistema de salud, la gente va directamente a la farmacia a preguntar qué puede hacer frente a tal o cual malestar", resumió El Dr. Alejandro Dahl ex Director del Hospital Alende de Lomas de Zamora. Si la Ley de Genéricos le dio un protagonismo importante al farmacéutico, es necesario que su incorporación a la atención primaria sea inmediata. Para poder potenciar esta red que alcanza a todos los barrios.



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EDITORIAL: MERCADO DE MEDICAMENTOS, MÁS CONCENTRACIÓN, ALTOS COSTOS Y DESINTERÉS ESTATAL.

A partir de la década del 90, gracias a un Estado ausente que decidió entregar a las reglas del mercado casi todos los sectores de la economía, los consumidores quedaron expuestos a arbitrariedades de todo tipo. Cuando de medicamento se trata, la política estatal es casi nula, lo que deriva en una despiadada lucha por las ventas, donde los grandes laboratorios terminan asfixiando al resto de sus competidores. El mercado de medicamentos de Argentina es lo más parecido a un oligopolio. Según un estudio de Carlos Vassallo y Rodrigo Falbo realizado para el ministerio de Salud de la Nación, existen en nuestro país unos 250 laboratorios, que sobre la base de unos 2.000 principios activos ofrecen al mercado 9.600 productos comerciales. En este panorama, la concentración de ventas es grande: este estudio estimó que los 20 laboratorios más grandes del país representan más del 60 por ciento de las ventas. A diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, las firmas nacionales tienen gran importancia, y de hecho representan el 52 por ciento del mercado (ver recuadro). Pese a ser un área muy sensible para los intereses de la comunidad, el mercado de medicamentos se mueve como un mercado más, donde la oferta y demanda priman más que las políticas sanitarias.

"El mercado de medicamentos se asemeja más a los mercados tradicionales, en donde primero aparece una instancia de producción, la cual es anterior a la llegada del medicamento al mercado, y luego éste se distribuye, dispensa y consume. En este sentido el mercado de especialidades medicinales muestra distancia de lo que sucede en los mercados de servicios, como por ejemplo el de prestaciones de salud, donde el producto y la actividad de producción se dan al mismo tiempo", sostienen Vassallo y Falbo. Además, los investigadores advirtieron que "el mercado de medicamentos adolece de un severo problema de información. En éste se establecen relaciones entre los agentes donde, en la mayoría de los casos, impera la información asimétrica. Esta característica hace que se viole uno de los supuestos principales asumidos por el modelo competitivo".

Sin embargo, un trabajo realizado por Mónica Panadeiros y Santiago Urbiztondo para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia admite que si bien la oferta de productos farmacéuticos en la Argentina observó en los últimos años "una tendencia hacia una mayor concentración", para el conjunto del sector ésta aún no resulta elevada. Para esto, los investigadores afirmaron que el denominado Índice de Concentración (escala de rango para medir posiciones dominantes en la industria) que en 1988 se ubicaba en 230, en 1999 no superaba el nivel de 260. A partir del 2000, pese a que los gobiernos firmaron varios acuerdos para mantener fijos los precios de los medicamentos (en especial con Néstor Kirchner en la presidencia) no hubo evidencias de que el marcado siguiera este proceso de "desconcentración" que marcan Panadeiros y Urbiztondo. Al contrario, se profundizaron las diferencias.

Con este esquema de concentración, es difícil evitar una política de precios arbitraria. De hecho, los márgenes de ganancias de los productores de medicamentos son tan grandes que alcanzan el 33.000 por ciento, una cifra astronómica que es el inicio de una cadena que abre la puerta a la dominación monopólica. Así lo denunció un informe de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), que sostiene que los márgenes de ganancias, comparados incluso con otros países como España, "son escandalosos". AAPM puso como ejemplos drogas como Omeprazol, piroxicam, amlodipina, nifedipina, o enlapril, donde la relación entre el kilo que compra el laboratorio y lo que sale en la farmacia varia entre un 4.000 y un 12.000 por ciento. Así, la industria logró una facturación en 2006 de 8.074 millones pesos, superando la de 2001 de 3.652 millones, lo que demuestra que ya están superando los niveles de rentabilidad en dólares de la etapa de convertibilidad.

Con este margen de ganancias, los laboratorios se aseguran espacio para negociar el ingreso a los vademécum de las prepagas, las obras sociales y el PAMI, que hoy representa el 20 por ciento de la demanda de medicamentos. Por esto, los laboratorios se aseguran margen de maniobra y pueden disponer a su antojo de descuentos y "precios especiales" para algunos sectores y regiones y para otros no, empujando a las farmacias a caer en las redes monopólicas como única alternativa para mantener la competitividad. Además, a diferencia de lo que pasa en Brasil o Europa, la industria y las empresas farmacéuticas fijan el precio de acuerdo a su libre albedrío sin ser analizados, monitoreados y regulados por ninguna instancia del sector salud del Estado nacional.

"No cabe dudas de que el tipo de comportamiento vigente de las empresas productoras de medicamentos es el resultado de la ausencia de un marco regulatorio del Estado que imponga condiciones que atiendan el interés público en un área estratégica para la salud de la población y para gestar condiciones de desarrollo tecnológico de punta", sostuvo Ricardo Peidro, secretario adjunto de AAPM. En los últimos tiempos, la única medida para romper con parte del monopolio fue la Ley de Genéricos, que intenta dar posibilidades a los pacientes a la hora de comprar sus remedios. Sin duda, el mercado se comporta de manera extraña. Desde hace años, la cantidad de unidades de medicamentos vendidas en la Argentina disminuye pero la facturación crece de manera sostenida.

La discrecionalidad en los precios hacen que algunos sectores paguen más caros sus medicamentos, o que la Capital federal posea descuentos que no existen en el interior. Un ejemplo sirve para ver la magnitud del hecho. Hace tiempo que los farmacéuticos de Misiones vienen denunciando que los medicamentos argentinos cuestan hasta un 75 por ciento más caros en esa provincia que en Paraguay. En una denuncia presentada ante el Senado de la Nación, expusieron que en Posadas un medicamento cuesta hasta tres veces más que en Asunción del Paraguay. En la denuncia consta que "el Ibupirac en Argentina cuesta 19 pesos la caja y en el país vecino 3,5 (en la misma fecha)".

No son pocos los que anuncian que el país va en camino al modelo de mercado de medicamento que tiene en la actualidad Chile, lejos del proceso de descentralización que vive Europa, por ejemplo. En el país trasandino, dos laboratorios extranjeros y cuatro nacionales controlan el 40 por ciento del mercado. Pero la mayor concentración en Chile se da en la comercialización. Las cuatros cadenas más importantes de farmacias (SyB, Ahumada, Cruz Verde y Conosur) mueven el 82, 4 por ciento del mercado, una cifra preocupante y desmedida. De esta manera, un puñado de personas decide qué medicamentos toma y a qué precio toda la población, con una notable ausencia del Estado.

Si como divulgó Federico Tobar en Boletín Fármacos en América Llatina dos tercios de los gastos en medicamentos provienen de los bolsillos de los propios pacientes, podemos entender quienes son los más perjudicados en este esquema de mercado. Por ende, los sectores de menores ingresos destinan el 70 por ciento de sus gastos en salud sólo a comprar medicamentos. Lejos de los descuentos en la cadena de producción, y lejos del interés del Estado. Donde los que menos tienen pagan más. Una situación que debe ser salvada pronto.



MIRADA PROFESIONAL

EDITORIAL: EL SENADO NO CONSIDERA PRIORITARIO UNA LEY NACIONAL SOBRE EL MEDICAMENTO

Desde hace tiempo, distintos sectores buscan aprobar una Ley Nacional de Medicamentos, un marco legal moderno para la fabricación, distribución y comercialización de remedios en todo el territorio. Hasta ahora, el Senado de la Nación "cajoneó" la propuesta más importante al respecto: un proyecto impulsado entre otros por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) denominada Código de Ética para la Promoción del Medicamento. Este proyecto cuenta con el aval de distintos sectores como la Confederación Farmacéutica y obras sociales ligadas a la CTA, como OSPA (Aeronáuticos) y OSPLAD (Docentes). El proyecto ya tiene media sanción de Diputados hace casi un año, pero espera que los senadores destraben el actual silencio.

El Código de Ética para la Promoción del Medicamento fue una iniciativa de la actual gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos. Siendo diputada, Ríos estableció un grupo amplio de trabajo que comprendió casi todos los sectores que componen el proceso de producción, distribución y comercialización de los medicamentos. Farmacéutica de profesión, Ríos sabe bastante del tema, y el resultado es este código que busca ser ley. El espíritu de este código busca una promoción más ética de la industria, que deje de lado la mirada económica y asuma una social y sanitaria integrada. Julio Gutiérrez es secretario general de AAPM seccional Sudoeste, y participó del equipo que formó la entonces diputada Ríos para armar el proyecto. En diálogo con MP explicó que este proyecto "es realmente un gran avance para comenzar a regular la actividad frenando la voracidad marketinera y engañosa de muchas estrategias de mercado de los laboratorios. Tenemos que sacar al medicamento de la órbita de Economía y pasarlo a Salud ya que es un bien social y no una mercancía paras ser controlada por la impotente y discapacitada secretaria de Comercio Interior".

Un punto fundamental en este código es lograr que la publicidad que realizan los laboratorios tenga un alto contenido de información y no una mirada netamente comercial. Para esto, en su artículo 6, propone que "la promoción de medicamentos de venta libre, que se realice a través de medios masivos de comunicación, debe incluir básicamente información técnica y científica; no pueden atribuirse a los medicamentos promocionados propiedades no demostradas, ni indicaciones no autorizadas". Además, debe incluirse como mínimo información relacionada con el principio activo, dosis, contraindicaciones y advertencia de consulta profesional. Por otra parte, este código prohíbe la publicidad de medicamentos de venta bajo receta en medios masivos de comunicación.

"Necesitamos una acción férrea sobre la fiscalización del mercado de los medicamentos y la industria farmacéutica. Creemos importante la participación de todos los sectores involucrados en la salud: médicos, farmacéuticos, universidades, CONICET, superintendencia Salud y por supuesto los visitadores médicos, quienes vemos con profunda preocupación la violación permanente de los criterios éticos y el uso racional de los medicamentos que emana de la Organización Mundial de la Salud", criticó Gutiérrez. Pero si diputados logró la media sanción luego de una gran polémica (incluida una fuerte pelea con el presidente de la comisión de Salud de la cámara, el justicialista Juan Sylvestre Begnis), en Senadores tuvo destino de cajón. Pero sus impulsores no se rinden. Gutiérrez adelantó a este medio que ya están trabajando con algunos legisladores, como el socialista Rubén Giustiniani, para darle nuevo impulso al código.

La historia argentina tiene una larga tradición de leyes que van y vienen por tocar intereses sectoriales. El más claro ejemplo es el de la ley 16462, conocida como la "ley Oñativia", en homenaje a su impulsor, el entonces ministro de salud del gobierno de Arturo Illia, Arturo Oñativia. Esta ley, todavía vigente, promueve la toma de conciencia del medicamento como bien no intercambiable. "El precio, regulado por el Estado, debería garantizar su acceso a la población, aún contra las presiones de las multinacionales. Se prohíbe por tanto su publicidad, se establece pautas muy claras para su distribución y comercialización así como las penas correspondientes a su incumplimiento", recuerda un texto elaborado por una comisión homenaje cuando se cumplieron 40 años de su sanción. Con puntos en contacto con el código cajoneado en senadores, la ley sufrió algunas modificaciones producto de algunas reglamentaciones con el tiempo, pero mantiene su espíritu vigente. Como era de esperar, la medida del presidente Illia cayó mal en muchos sectores, que atacaron con dureza al radical. La gran labor del ministro Oñativia y varios legisladores logró mantener en pie la ley, pero el desgaste y los ataques le costaron caro al gobierno. La ley se sancionó, pero la osadía le costaría cara al presidente. Poco más de dos año después, caería merced a un golpe militar.

Durante años, la legislación argentina no tubo grandes saltos respecto a los medicamentos, hasta que en agosto de 2002, en medio de una de las crisis económicas y sociales más fuertes que se hayan vivido, el gobierno de Eduardo Duhalde impulsó la Ley 25.649, conocida popularmente como "Ley de Genéricos". En ella se establece que el médico debe recetar el nombre genérico del medicamento (puede consignar, adicionalmente, un nombre comercial, e incluso tiene la potestad de impedir el intercambio en la farmacia, consignando mediante justificación escrita). Por su parte, el farmacéutico esta habilitado, con el consentimiento del paciente, a expender cualquiera de los medicamentos registrados por el ANMAT que contengan igual principio activo, concentración y forma farmacéutica.

Según un estudio del Centro de Gestión y Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, desde la sanción de la ley de genéricos el crecimiento se registró básicamente en las recetas que consignan el nombre genérico y sugieren además una marca comercial. Las recetas que consignan exclusivamente el nombre genérico del medicamento, en cambio, se estabilizaron en torno al 30 por ciento del total. En cuanto a la venta, el estudio marca que de cada 50 recetas que llegan a la farmacia con nombre genérico más una marca, sólo el 3,5 es reemplazado. La ley recibió en general elogios y permitió que los sectores más vulnerables accedan con mayor facilidad a los medicamentos. De hecho, a partir de 2002 la venta de medicamentos comenzó a recuperarse, hasta alcanzar en 2005 una suba superior al 100 por ciento.

Mientras en senado mantenga sin tratamiento el Código de Ética, la posibilidad de una Ley Nacional de Medicamentos abarcativa, pluralista y con fuerte sentido social no será posible. Con cada vez más oferta de medicamentos ilegales y falsificados, facilitar el acceso de la población a los canales legales debe ser una prioridad. Porque es un derecho. Y salva vidas.



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